Fiscalía advierte posibles órdenes de arresto contra comunicadores ante incomparecencia
La Fiscalía del Distrito Nacional ha tomado medidas contundentes en el proceso legal que involucra a los comunicadores Danny Alcántara, Luisín Mejía y Oscar Medina, quienes enfrentan una querella por presunta difamación e injuria. Tras la suspensión de la vista programada, las autoridades judiciales han fijado una nueva fecha para el próximo 13 de octubre, emitiendo una advertencia clara: la inasistencia de los implicados podría derivar en la emisión de órdenes de arresto.
Aunque la defensa de los comunicadores argumentó que su presencia no era indispensable en esta etapa del proceso, el Ministerio Público fue enfático al establecer que su comparecencia será obligatoria en la próxima convocatoria. Este caso, que ha generado gran atención, también incluye una constitución en parte civil contra el grupo de medios Color Visión.
Detalles de la querella y origen del conflicto
La acción legal, interpuesta por Carlos Julio Martínez, Francisco Durán y Enrique Vallejo, tuvo su origen el 16 de abril de 2026. Los demandantes sostienen que durante la emisión del programa “Hoy Mismo Matinal” el 13 de noviembre de 2025, se difundieron expresiones que atentaron contra su honor y reputación.
Los querellantes han sido enfáticos en su postura: por el momento, no existe disposición alguna de conciliar y el proceso judicial seguirá su curso legal hasta las últimas consecuencias.
Fundamentos legales del caso
La querella se fundamenta en presuntas violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, específicamente en sus artículos 21, 22, 60 y 64. Los denunciantes alegan que en el mencionado espacio televisivo y sus plataformas digitales se validaron afirmaciones falsas sobre un litigio previo ante el Tribunal Superior Administrativo.
- Se acusa a los comunicadores de señalar la existencia de una supuesta componenda con jueces.
- Se mencionó la existencia de un supuesto maletín con dinero destinado a la compra de una sentencia, señalamientos que los demandantes califican como difamatorios.
El caso se encuentra bajo la investigación de los procuradores fiscales María Miguelina Palma y Jhon Richard Suncar, pertenecientes al Departamento Investigativo de Propiedad Intelectual y Delitos de Alta Tecnología del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, quienes continuarán con las diligencias procesales correspondientes.
