Transformación en el Poder Judicial: Luis Henry Molina detalla gestión disciplinaria y eficiencia procesal
En un encuentro reciente con medios de comunicación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, ofreció un balance sobre las acciones disciplinarias implementadas durante su gestión. Según detalló el magistrado, cerca de diez jueces han sido separados de sus funciones tras comprobarse faltas graves en el ejercicio de sus labores.
Molina enfatizó que estas decisiones se han tomado bajo estrictos parámetros de respeto al debido proceso y las garantías fundamentales de los magistrados investigados, evitando que los procesos se conviertan en actos de presión pública o escenarios politizados.
Cambios en el régimen disciplinario
Durante su administración, el titular de la SCJ destacó la implementación de cambios significativos en el manejo de las investigaciones internas. Entre las medidas más relevantes se encuentran:
- La eliminación de la suspensión de salarios para jueces bajo investigación disciplinaria.
- La prohibición de intervenir comunicaciones telefónicas en casos estrictamente disciplinarios, salvaguardando el derecho a la privacidad.
- El establecimiento de un protocolo claro: si durante una investigación administrativa surgen indicios de carácter penal, el expediente es remitido al Ministerio Público para su evaluación.
Los casos de conductas inapropiadas o que ameritan sanciones representan menos del 1 % de los integrantes del Poder Judicial.
Luis Henry Molina, presidente de la SCJ
Apuesta por la descongestión judicial
Más allá de la disciplina, Molina hizo un llamado a transformar la cultura procesal dominicana. El magistrado propone que entre el 90 % y el 95 % de los conflictos legales se resuelvan mediante métodos alternativos y acuerdos entre las partes, reservando los juicios de fondo solo para aquellos asuntos que sean estrictamente necesarios.
El presidente de la SCJ advirtió que la tendencia a llevar la mayoría de los casos a juicio oral contribuye a la saturación de los tribunales y fomenta el uso excesivo de la prisión preventiva, lo que a su vez incrementa el hacinamiento en las cárceles del país. En este sentido, instó a jueces, fiscales y defensores públicos a priorizar los acuerdos como una herramienta cotidiana.
Finalmente, Molina cuestionó la realización de audiencias innecesarias, especialmente en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde sugirió que muchos litigios documentales podrían gestionarse mediante expedientes escritos, optimizando así el tiempo y los recursos del sistema judicial.
