Juventud Caribe y FEFLAS rechazan ejecuciones extrajudiciales y exigen políticas públicas integrales
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones Juventud Caribe y el Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS) han expresado su total respaldo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante las recientes denuncias sobre el incremento de ejecuciones extrajudiciales. Los colectivos señalaron su profunda preocupación por las prácticas de «gatillo alegre» atribuidas a miembros de la Policía Nacional en operativos contra individuos señalados por actividades delictivas.
Las entidades juveniles advirtieron sobre una supuesta campaña de manipulación mediática dirigida a desacreditar a quienes defienden las garantías ciudadanas. Según los grupos, ciertos sectores intentan capitalizar el miedo y la desesperación de la población ante la inseguridad para justificar un uso desmedido de la fuerza, buscando otorgar una especie de «carta blanca» a los agentes del orden.
Otorgar ‘carta blanca’ a la Policía Nacional para la ejecución en calles y caminos de delincuentes reales o supuestos, además de ser contrario a las leyes y a la Constitución de la República, coloca en riesgo la vida de ciudadanos inocentes.
Juventud Caribe y FEFLAS
Riesgos para la democracia y la seguridad social
Juventud Caribe y el FEFLAS subrayaron que legitimar mecanismos de represión al margen de la ley representa una amenaza directa para el tejido social y político del país. De acuerdo con sus representantes, la historia ha demostrado que estas prácticas suelen derivar en persecuciones contra líderes comunitarios, activistas y jóvenes que alzan su voz en entornos educativos y barriales.
- Alerta sobre el peligro de normalizar la violencia estatal.
- Rechazo a la vulneración del debido proceso y los derechos fundamentales.
- Memoria histórica como herramienta de resistencia ante regímenes intolerantes.
Como conclusión a su mensaje, los grupos hicieron un llamado formal al Poder Ejecutivo para que abandone las posturas de corte populista en materia de seguridad. En su lugar, instaron al Gobierno central a implementar políticas públicas de fondo que logren erradicar las causas estructurales que originan la criminalidad en la sociedad dominicana.
