Justicia ordena a Presidencia de Colombia retirar publicaciones con cuerpos de abatidos
Un juzgado de Bogotá ha emitido una medida cautelar que exige al Gobierno colombiano y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) eliminar temporalmente de sus redes sociales oficiales una serie de fotografías donde se observan cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados, los cuales fueron neutralizados durante operaciones militares recientes.
La disposición judicial, dictada por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, responde a una acción de tutela interpuesta por el representante a la Cámara, Santiago Osorio. El legislador argumentó que la difusión de este material gráfico podría vulnerar derechos fundamentales, con especial énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes expuestos a contenido violento.
Detalles de las operaciones cuestionadas
La orden judicial se centra específicamente en contenidos compartidos los días 2 y 4 de septiembre a través de la cuenta oficial de Instagram de la Presidencia. Estas publicaciones documentaban dos despliegues operativos:
- Operación Azarías: Realizada en Miraflores, Guaviare, donde se exhibieron bolsas que contenían al menos 23 cuerpos de presuntos disidentes de las FARC.
- Operación Centinela de la Patria: Ejecutada en Riohacha, La Guajira, contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, donde se mostró el cuerpo de alias Bendito Menor.
El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o quién convierte la muerte en demostración de poder.
Iris Marín, Defensora del Pueblo
La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, ha sido una de las voces más críticas ante esta práctica, instando al Ejecutivo a evitar dinámicas que equiparen las acciones del Estado con las tácticas de intimidación de los grupos al margen de la ley.
Próximos pasos en el proceso legal
Es importante destacar que esta decisión es de carácter preventivo mientras se analiza el fondo del asunto. El juzgado ha otorgado un plazo de dos días a la Presidencia y al mandatario para presentar sus argumentos de defensa. Asimismo, el proceso legal ha vinculado a entidades como Meta Platforms, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio TIC y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para determinar si el material infringe las normativas sobre contenidos explícitos en plataformas digitales.
