Diputados defienden proyecto de ley de juegos de azar ante cuestionamientos por conflictos de interés
En el Congreso Nacional ha surgido un intenso debate sobre la regulación de los juegos de azar en la República Dominicana. Ante los señalamientos de posibles conflictos de interés, legisladores de diversas bancadas han salido al frente para defender la transparencia del proyecto de ley, asegurando que la iniciativa busca el ordenamiento del sector y no el beneficio particular de congresistas vinculados al negocio.
El diputado de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, aclaró que la comisión especial encargada de estudiar la pieza fue conformada cuidadosamente para evitar la participación de cualquier congresista que posea vínculos directos con el sector de las bancas de apuestas. Según Castillo, esta medida fue impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, con el objetivo de garantizar la imparcialidad en el proceso legislativo.
Desde la Cámara de Diputados se tomaron medidas para que la comisión que estudió el proyecto estuviera integrada exclusivamente por personas sin vínculos con este sector.
Rafael Castillo, diputado
Necesidad de regular un sector en crecimiento
A pesar de las dudas, los legisladores coinciden en que el sistema actual presenta un desorden evidente que requiere la intervención del Estado. Castillo señaló que la proliferación de bancas, con casos de hasta 300 establecimientos en menos de un kilómetro, hace imperativa una normativa clara. En la misma línea, el diputado oficialista Carlos Sánchez subrayó que ser propietario de un negocio de apuestas no es un delito, siempre y cuando la labor legislativa no se utilice para favorecer intereses privados.
Sánchez enfatizó que el enfoque principal de la ley debe ser la protección de la ciudadanía, con controles estrictos sobre:
- La distancia mínima permitida entre bancas de apuestas.
- La regulación de los tipos de juegos autorizados.
- Mecanismos estrictos para impedir que los menores de edad accedan a estas actividades.
Por su parte, el diputado Luis Gómez respaldó la propuesta de imponer una moratoria de diez años para la apertura de nuevos puntos de apuestas. Gómez advirtió sobre el impacto económico y social del sector, citando estimaciones alarmantes sobre el gasto diario de los dominicanos en juegos de azar, y abogó por priorizar la inversión en educación sobre la expansión de los juegos de suerte.
Panorama actual del proyecto
El proyecto de ley se encuentra actualmente bajo estudio en el Senado de la República tras haber sido aprobado en la Cámara de Diputados. La pieza busca establecer un marco regulatorio integral que ponga fin a la proliferación desmedida de estos establecimientos en todo el territorio nacional.
Mientras tanto, sectores de la sociedad civil y diversos legisladores siguen vigilantes ante el proceso, recordando que al menos ocho congresistas han declarado vínculos económicos con el negocio de las apuestas, lo que mantiene el tema en la agenda pública como un punto de interés nacional para Alofoke Deportes.
