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Proyecto de ley busca reducir deudas fiscales a operadores de apuestas La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que establece un régimen especial de descuentos para las deudas fiscales de los operadores de juegos de azar en la República Dominicana. Esta medida, contemplada en el artículo 192 de la iniciativa, permite que los negocios del sector regularicen sus obligaciones tributarias acumuladas hasta diciembre de 2025 bajo condiciones preferenciales. Aunque la propuesta no utiliza términos como "condonación", expertos señalan que el alcance de estos beneficios podría reducir significativamente los montos adeudados al Estado. El régimen especial será coordinado por la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), basándose en la Ley núm. 30-26. El debate ha cobrado fuerza debido a la participación de ocho legisladores con intereses declarados en el sector de las bancas de apuestas y loterías. Si bien no se ha comprobado una irregularidad, la presencia de congresistas vinculados a estas empresas en el proceso legislativo plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés. El proyecto también introduce cambios significativos en el mercado, como la reducción de tasas impositivas para loterías electrónicas y una veda de diez años para la emisión de nuevas licencias, lo que favorecería a quienes logren regularizarse bajo el nuevo registro. Ante este escenario, diversos sectores exigen mayor transparencia sobre quién redactó el polémico artículo 192, el impacto fiscal real para el Estado y la identidad de los beneficiarios finales de estas facilidades tributarias.
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Proyecto de ley busca reducir deudas fiscales a operadores de apuestas La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que establece un régimen especial de descuentos para las deudas fiscales de los operadores de juegos de azar en la República Dominicana. Esta medida, contemplada en el artículo 192 de la iniciativa, permite que los negocios del sector regularicen sus obligaciones tributarias acumuladas hasta diciembre de 2025 bajo condiciones preferenciales. Aunque la propuesta no utiliza términos como «condonación», expertos señalan que el alcance de estos beneficios podría reducir significativamente los montos adeudados al Estado. El régimen especial será coordinado por la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), basándose en la Ley núm. 30-26. El debate ha cobrado fuerza debido a la participación de ocho legisladores con intereses declarados en el sector de las bancas de apuestas y loterías. Si bien no se ha comprobado una irregularidad, la presencia de congresistas vinculados a estas empresas en el proceso legislativo plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés. El proyecto también introduce cambios significativos en el mercado, como la reducción de tasas impositivas para loterías electrónicas y una veda de diez años para la emisión de nuevas licencias, lo que favorecería a quienes logren regularizarse bajo el nuevo registro. Ante este escenario, diversos sectores exigen mayor transparencia sobre quién redactó el polémico artículo 192, el impacto fiscal real para el Estado y la identidad de los beneficiarios finales de estas facilidades tributarias.

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