Denuncian presunto abuso de autoridad por miembros del Ejército en Azua
Un ciudadano residente en la comunidad de Los Toros, perteneciente al municipio de Tábara Arriba en la provincia de Azua, ha interpuesto una denuncia formal tras alegar haber sido víctima de un trato abusivo durante un operativo realizado por efectivos del Ejército de República Dominicana.
El denunciante, identificado como Samuel de León, relató que los militares ingresaron a su propiedad privada bajo el argumento de perseguir a ciudadanos extranjeros en condición migratoria irregular. Según su testimonio, el procedimiento se tornó violento cuando los agentes, presuntamente, lo encañonaron y le ordenaron lanzarse al suelo, exigiéndole la entrega de armas de fuego que, según afirma, no posee.
Solicitud de investigación a las autoridades militares
Ante esta situación, De León expresó sentirse vulnerado en sus derechos fundamentales y solicitó directamente al comandante del Décimo Noveno Batallón de Infantería, con sede en la Fortaleza Antonio Duvergé de Azua, que se inicie una investigación exhaustiva sobre el comportamiento de los uniformados involucrados para determinar las responsabilidades correspondientes.
Las acciones contra la migración irregular deben realizarse siempre bajo el estricto respeto a los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos, garantizando que el protocolo institucional prevalezca en todo momento.
Samuel de León, denunciante.Expectativa ante la versión oficial
Hasta el cierre de esta edición, el Ejército de República Dominicana no ha emitido una versión oficial sobre los hechos denunciados por el ciudadano. La comunidad de Los Toros se mantiene a la expectativa, cuestionando los métodos utilizados durante los operativos de control migratorio y enfatizando la necesidad de que las fuerzas del orden actúen siempre dentro del marco legal establecido.
Este caso pone sobre la mesa el debate sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la protección de los derechos civiles en las zonas rurales del país, donde la población exige procedimientos más transparentes y apegados a los protocolos institucionales.
