Denuncian presunto atropello y demolición irregular de villa en Juan Adrián, Bonao
Una pareja residente en la provincia Monseñor Nouel, identificada como Nelson Batista Ángeles y su esposa, Guillermina De Jesús Ureña, ha alzado su voz ante lo que califican como un abuso de poder por parte de las autoridades del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SEMPA). Según la denuncia, sus instalaciones fueron demolidas sin justificación legal en la comunidad de Juan Adrián.
Los afectados sostienen que contaban con todos los permisos legales necesarios para la edificación de su villa. Entre la documentación presentada, destacan certificaciones de uso de suelo, autorizaciones para la tala controlada de árboles y el acto de venta debidamente legalizado que acredita la propiedad de los terrenos. A pesar de haber presentado estos documentos ante las instancias correspondientes, aseguran que fueron ignorados durante el proceso de intervención.
Intereses de terceros detrás del desalojo
La pareja denunciante sugiere que detrás de esta acción existe un trasfondo de intereses particulares. Según sus declaraciones, figuras influyentes habrían presionado para la demolición con el objetivo de habilitar una vía de acceso hacia proyectos personales que poseen en áreas colindantes.
Los propietarios señalaron directamente a Osiris de la Cruz y Henry Álvarez como los responsables de utilizar influencias políticas para orquestar este desalojo forzoso y la posterior destrucción de su propiedad privada.
Exigen intervención de las autoridades
Ante la pérdida de una inversión que asciende a millones de pesos y años de esfuerzo personal, Batista Ángeles y De Jesús Ureña han solicitado formalmente la intervención de las máximas autoridades del país:
- Ministerio Público.
- Dirección General del SEMPA.
- Ministerio de Medio Ambiente.
- Presidencia de la República.
El objetivo de este llamado es que se inicie una investigación exhaustiva sobre el caso, que se deslinden responsabilidades y que se proceda a resarcir los daños causados por lo que consideran un acto arbitrario que vulnera su derecho a la propiedad privada.
