Condenan a implicados en asesinato de Montecristi a 30 y 15 años de cárcel

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Justicia en Montecristi: Condenan a implicados en asesinato de Alexis Antonio Liberato

El sistema judicial de la provincia de Montecristi ha dictado sentencia contra los responsables del asesinato de Alexis Antonio Liberato Pimentel, un crimen que conmocionó a la comunidad de San Fernando en noviembre de 2024. El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Montecristi impuso una condena de 30 años de prisión para Félix Junior Cabrera López y una pena de 15 años para Jennifer María Cruz Montolío tras comprobar su participación directa en el suceso.

Pruebas contundentes llevaron a la sentencia

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó un sólido conjunto de evidencias que permitió esclarecer los hechos ocurridos la noche del 16 de noviembre de 2024. El cuerpo de pruebas, que incluyó testimonios, análisis forenses y material audiovisual, fue determinante para que las magistradas Mercedes Reyes, Ariela de los Santos y Ana V. Rodríguez acogieran la acusación.

La investigación logró reconstruir paso a paso la ejecución del crimen y la posterior huida de los implicados mediante el uso de tecnología GPS, extracción de datos de dispositivos electrónicos y videos de cámaras de vigilancia.

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Detalles del suceso

El expediente establece que los condenados abordaron a la víctima en las cercanías de un centro de diversión ubicado en la calle Pedro Pablo Fernández, en San Fernando de Montecristi. En ese lugar, procedieron a disparar contra Liberato Pimentel, causándole la muerte de manera inmediata.

Cumplimiento de la pena

Tras la lectura de la sentencia, los tribunales determinaron los centros de reclusión donde los procesados deberán cumplir sus condenas:

  • Félix Junior Cabrera López: Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Dajabón.
  • Jennifer María Cruz Montolío: Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, en Santiago.

El caso fue instrumentado por la fiscal Yelissa Cabrera Caba, mientras que la litigación en estrado estuvo bajo la responsabilidad de los fiscales Francis Peña Sabés y Yohanny Altagracia Herrera, quienes lograron que se aplicaran las sanciones por violación al Código Penal dominicano y a la Ley de Control y Regulación de Armas.

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