Endurecen penas contra testaferros en el sector de juegos de azar
El sector de las apuestas en la República Dominicana se prepara para una transformación legal significativa. El proyecto de Ley de Juegos de Azar, recientemente remitido al Senado de la República por la Cámara de Diputados, establece medidas drásticas para erradicar la figura del testaferro, transformando lo que antes era una falta administrativa en un delito de orden penal.
Esta iniciativa busca desmantelar las estructuras utilizadas para ocultar a los verdaderos beneficiarios de las licencias de operación, garantizando una mayor transparencia y control estatal sobre casinos, bancas y plataformas digitales de apuestas.
Consecuencias legales graves
El Artículo 164, numeral 3, de la pieza legislativa tipifica como un delito grave el uso de interpósitas personas para obtener autorizaciones estatales. El objetivo es evitar que los operadores reales evadan su responsabilidad ante la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) y el Ministerio de Hacienda.
Quien utilice interpósita persona o testaferro para obtener licencia o cualquier otra autorización en las distintas modalidades de juegos de azar para ocultar al real beneficiario y defraudar al Estado, enfrentará consecuencias judiciales severas.
Proyecto de Ley de Juegos de AzarLas sanciones contempladas para las personas físicas que incurran en estas prácticas incluyen:
- Prisión mayor de cinco a diez años.
- Multas equivalentes a entre 10 y 20 salarios mínimos del sector público.
Responsabilidad de las personas jurídicas
La legislación no solo apunta a individuos, sino que extiende su alcance a sociedades comerciales, fundaciones o cualquier entidad legal que sea utilizada como fachada. Según los artículos 165 y 167 del proyecto, si se comprueba que una estructura jurídica sirvió para cometer testaferrato, los tribunales podrán ordenar su disolución definitiva.
Además, las entidades involucradas podrían enfrentar un régimen de control y vigilancia judicial por un período de hasta cinco años, reforzando el compromiso del Estado de cerrar el paso a capitales de procedencia ilícita.
Prevención de lavado de activos
Este marco regulatorio se alinea con la Ley núm. 155-17 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La normativa exige procesos de debida diligencia para que las autoridades tengan acceso en tiempo real a la identidad de los beneficiarios finales de los negocios de apuestas.
Con el inicio de la Segunda Legislatura Ordinaria, el Senado de la República tiene ahora la responsabilidad de conocer y aprobar las modificaciones realizadas por los diputados, acercando la pieza a su promulgación por el Poder Ejecutivo y marcando un antes y un después en la regulación del juego en el país.
