Alerta en La Romana ante posible crisis por manejo de residuos sólidos
Diversas organizaciones ambientales y comunitarias de la región Este han alzado su voz para advertir sobre una inminente crisis de residuos sólidos en La Romana. Ante la posibilidad de que el Ayuntamiento y el Concejo de Regidores procedan con el cierre de la estación de transferencia conocida como El Taller, los colectivos han exigido la presentación inmediata de un plan técnico, legal y transparente que garantice la continuidad del servicio.
La solicitud fue respaldada por un frente común integrado por la Coalición Ambiental La Romana, ECOPARQUE, la Fundación Río Chavón, la Coalición Ambiental del Este, Macorix Verde, y asociaciones de padres y comunitarios de Villa San Carlos. Estos grupos fundamentan sus exigencias en la Ley 225-20, la normativa vigente que regula la gestión integral y el coprocesamiento de desechos en el país.
No estamos en contra del saneamiento ni a favor de ninguna empresa. Si El Taller no cumple con las normas ambientales de la Ley 225-20, corresponde buscar una solución definitiva. Pero un cierre sin alternativa comprobada no resuelve un problema ambiental: lo traslada a las calles y lo convierte en una crisis de servicios públicos y de salud.
Comunicado de organizaciones ambientales de La Romana
Exigencias de transparencia y rigor técnico
Las organizaciones enfatizaron que, de clausurarse la actual estación sin una alternativa funcional, el municipio podría enfrentar una acumulación peligrosa de basura en sus vías públicas. Por ello, han solicitado a las autoridades municipales responder a un pliego de interrogantes fundamentales antes de tomar cualquier decisión definitiva:
- Presentación de un plan de transferencia que especifique dónde se depositarán los residuos y cuál será su capacidad operativa.
- Transparencia total sobre los costos de operación y la fuente presupuestaria que financiará el nuevo esquema.
- Detalles sobre la figura legal bajo la cual operaría la nueva gestión, ya sea mediante contratos, concesiones o fideicomisos.
- Presentación de estudios técnicos y ambientales que validen tanto el cierre de las instalaciones actuales como la viabilidad de la nueva propuesta.
Finalmente, los voceros de las entidades subrayaron que el bienestar de los ciudadanos debe prevalecer sobre cualquier interés político o empresarial. La comunidad exige rendición de cuentas y claridad sobre los procesos de transición, asegurando que cualquier medida adoptada cumpla con los estándares legales establecidos para la protección del entorno y la salud pública de los romanenses.
