Teodoro Tejada aboga por invertir fondos de pensiones en sectores productivos para garantizar rentabilidad
El ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), se pronunció a favor de que los fondos de pensiones en la República Dominicana sean canalizados hacia diversos sectores productivos del país. Según el experto, esta estrategia es fundamental para asegurar una rentabilidad real y efectiva de los ahorros de los trabajadores.
Tejada enfatizó la importancia de cumplir con el marco legal vigente, específicamente el artículo 96 de la Ley 87-01, que establece las directrices bajo las cuales las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deben gestionar el capital acumulado.
Somos partidarios de la aplicación e implementación del artículo 96 de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual establece el objetivo principal bajo el cual las AFP deben gestionar e invertir los ahorros de los trabajadores, a fin de tener rentabilidad real.
Teodoro Tejada, expresidente del CODIA
Sectores con mayor potencial de inversión
Para el ingeniero, el sector de la construcción se posiciona como una de las áreas con mayor dinamismo y capacidad de aporte al Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, señaló que el abanico de posibilidades para estas inversiones debería ser más amplio, abarcando sectores clave de la economía nacional como:
- El sector servicios.
- La industria nacional.
- El sector agropecuario.
Preocupación por los derechos de los afiliados
Tejada también mostró su preocupación por las normativas actuales que afectan a los trabajadores de ingreso tardío. El especialista cuestionó una resolución de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) que impide que los afiliados que ingresaron al sistema a los 45 años o más puedan retirar la totalidad de sus ahorros acumulados al cumplir los 60 años.
A juicio del expresidente del CODIA, la imposición de cuotas mensuales ínfimas, en lugar de permitir el retiro íntegro del capital, representa una vulneración al derecho de propiedad y a la dignidad humana de los trabajadores dominicanos, un tema que, según afirma, ha sido ignorado en los estudios realizados hasta la fecha sobre el uso de estos fondos.
