Falcondo bajo la lupa: El millonario pasivo ambiental que deja la minería en República Dominicana
El cese de las operaciones de Falconbridge Dominicana (Falcondo) ha marcado un antes y un después en la gestión minera del país, pero también ha puesto sobre la mesa una realidad preocupante: los pasivos ambientales. El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, ha valorado en más de 120 millones de dólares los daños ecológicos vinculados a la empresa, una cifra que genera incertidumbre sobre quién cargará con los costos de restauración de las áreas intervenidas.
Este escenario tomó mayor relevancia tras la reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), emitida el 12 de agosto, la cual ordenó formalmente la terminación de los contratos de concesión minera de Quisqueya I. Esta medida afecta un vasto territorio de 22,392 hectáreas, extendiéndose entre las provincias de La Vega y Monseñor Nouel.
El desafío de la remediación ambiental
Aunque las operaciones de extracción están paralizadas desde 2023, expertos en la materia advierten que el cierre administrativo no equivale a la recuperación del ecosistema. El ambientalista Nelson Bautista señala que el caso de Falcondo en Bonao es un recordatorio crítico de los retos que enfrenta la nación para asegurar que las empresas mineras asuman la responsabilidad real de reparar el entorno una vez finalizada su explotación.
No existe tal cosa como minería sin daño ambiental. El reto es garantizar que quienes intervienen el territorio cuenten con los recursos y la voluntad para remediar los daños ocasionados tras el cierre de sus operaciones.
Nelson Bautista, ambientalistaPreocupación por los recursos hídricos
Uno de los puntos que genera mayor alerta es el posible impacto de los lixiviados provenientes de la minería a cielo abierto. Existe el temor fundado de que los residuos de las operaciones mineras en Bonao puedan afectar la calidad del agua que llega a la presa de Hatillo, un recurso vital para la región. Este riesgo subraya que el impacto ambiental trasciende los límites físicos de la concesión, afectando cuencas y ecosistemas interconectados.
¿Quién asumirá la factura final?
- El costo de la recuperación: Se estima una inversión superior a los 120 millones de dólares para intentar restaurar las zonas afectadas.
- Responsabilidad institucional: Se cuestiona la capacidad del Estado para supervisar y obligar a las mineras a cumplir con sus compromisos de remediación.
- Garantías futuras: El caso Falcondo reabre el debate sobre la necesidad de exigir mayores garantías ambientales antes de otorgar concesiones mineras en el territorio nacional.
Para los sectores ambientalistas, el objetivo es claro: evitar que la sociedad dominicana y el erario público terminen financiando la limpieza de una actividad que dejó beneficios privados. Mientras se define el alcance total del daño, la recuperación de las tierras en La Vega y Monseñor Nouel se mantiene como una tarea pendiente de carácter urgente para el Estado dominicano.
