Gobierno declara prioridad nacional la lucha contra el terrorismo medioambiental en República Dominicana
El Gobierno dominicano ha marcado un hito en la protección de sus recursos naturales mediante el Decreto 615-26. Esta normativa establece como prioridad estratégica y de alto interés nacional la prevención, investigación y persecución de lo que se ha denominado como terrorismo medioambiental, con el objetivo de frenar daños deliberados y graves al ecosistema del país.
Esta medida otorga una protección reforzada a zonas críticas, abarcando áreas protegidas, cuencas hidrográficas, bosques, acuíferos, manglares, humedales y arrecifes coralinos. Asimismo, se extiende la seguridad a infraestructuras vitales como presas, acueductos, plantas de tratamiento y embalses.
La visión oficial sobre la seguridad nacional
La protección del patrimonio natural debe ser asumida como un componente de la seguridad nacional, debido a que la disponibilidad de agua, la producción agrícola y la seguridad alimentaria dependen directamente de la conservación de los ecosistemas.
Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos NaturalesEl titular de Medio Ambiente enfatizó que el Estado concentrará sus esfuerzos en desmantelar estructuras criminales y detener ocupaciones ilegales que busquen lucrarse mediante la destrucción intencional de zonas protegidas.
Estrategia coordinada y tecnológica
El decreto integra al Comité Nacional Antiterrorista y a la Dirección Nacional Antiterrorista en las labores de inteligencia para identificar y neutralizar amenazas contra el patrimonio ambiental. Esta estrategia operativa se fundamenta en los siguientes pilares:
- Cooperación interinstitucional: Trabajo conjunto entre los Ministerios de Medio Ambiente, Defensa, Justicia y la Dirección Nacional de Inteligencia.
- Innovación tecnológica: Implementación de plataformas digitales para la georreferenciación, fiscalización y seguimiento de daños ambientales.
- Participación ciudadana: Habilitación de canales confidenciales para que la población pueda denunciar actividades que pongan en riesgo los recursos estratégicos.
Es importante resaltar que esta disposición no crea nuevos tipos penales ni altera la legislación vigente. Su propósito fundamental es elevar la capacidad de respuesta y la coordinación estatal ante acciones de gravedad extrema que atenten contra la sostenibilidad del país.
Con este decreto, la administración del presidente Luis Abinader reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, asegurando que el agua, la biodiversidad y los bosques sean preservados como un legado esencial para las futuras generaciones de dominicanos.
