Crisis en el sistema penal dominicano: Defensa Pública alerta sobre el hacinamiento y la prisión preventiva
El director general de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, ha lanzado una voz de alerta sobre la insostenibilidad del sistema penal en la República Dominicana. El funcionario señaló que el uso desmedido de la prisión preventiva, sumado a un hacinamiento crítico en los recintos carcelarios, está llevando a la justicia dominicana hacia un punto de quiebre.
De acuerdo con las cifras presentadas por la Defensa Pública, la prisión preventiva ha experimentado un incremento del 65.3 %. Esta situación ha derivado en una sobrepoblación extrema, donde algunos centros penitenciarios reportan niveles de hacinamiento que oscilan entre el 500 % y el 900 %, una realidad que preocupa profundamente a las autoridades del sector.
El desafío del nuevo Código Penal
La entrada en vigor del nuevo Código Penal, que introduce más de 70 nuevos tipos penales, plantea interrogantes urgentes sobre la capacidad de respuesta del Estado. Valentín Santos cuestionó la logística del sistema frente a esta nueva carga procesal: «¿Dónde vamos a poner a esas personas que están persiguiendo, que van a ser imputadas, perseguidas, encarceladas?», expresó el director, subrayando la falta de espacio físico y recursos.
No todo debe ir a juicio. Es necesario fortalecer los mecanismos de optimización del proceso penal para evitar la judicialización innecesaria de casos que podrían resolverse por otras vías.
Rodolfo Valentín Santos, Director de la Defensa PúblicaPropuestas para la optimización del proceso
Ante este panorama, la Defensa Pública aboga por el fortalecimiento del proyecto de optimización del proceso penal impulsado por el Poder Judicial. Según datos oficiales, cada año se registran entre 4,000 y 5,000 casos que culminan en autos de no ha lugar o absoluciones, lo que demuestra que una cantidad significativa de procesos llega a juicio sin pruebas suficientes para sustentar una condena.
- Sobrecarga institucional: La judicialización excesiva satura al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Defensa Pública.
- Responsabilidad judicial: Aunque los fiscales solicitan las medidas, la responsabilidad final recae en los jueces, quienes deben garantizar un uso proporcional de la prisión preventiva.
- Continuidad: Se hace un llamado a la próxima gestión de la Suprema Corte de Justicia para mantener el enfoque en la depuración de casos y la correcta aplicación de las medidas de coerción.
Finalmente, Valentín Santos enfatizó que el sistema requiere medidas urgentes y una reorientación en la política criminal para evitar una saturación imposible de manejar, garantizando así un ejercicio más eficiente y justo de la ley en el país.
