Tensión en Doral: Comunidad venezolana protesta contra acuerdos migratorios y acercamiento de Trump
La ciudad de Doral, en Florida, epicentro de la diáspora venezolana en Estados Unidos, se encuentra sumida en una profunda crisis de incertidumbre. Activistas y líderes comunitarios se manifestaron frente al Ayuntamiento para expresar su rechazo ante las recientes políticas migratorias locales y la controversia política que rodea a la administración actual.
El malestar principal gira en torno al acuerdo 287(g), una medida que permite a la policía local colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Los manifestantes señalaron a la alcaldesa Christi Fraga y a los concejales por implementar esta cooperación, la cual, según denuncian, ha transformado a la ciudad en un entorno de temor constante.
Doral se ha convertido en una ciudad fantasma. Las familias tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela, de ir a trabajar o incluso de salir por la puerta de sus casas. La implementación de estas políticas ha generado un clima de redadas, terror y crueldad.
Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus (VAC)
El impacto del acuerdo 287(g)
Desde que se oficializó el acuerdo en enero, los residentes reportan una presencia constante de patrullas y arrestos de inmigrantes, afectando incluso a personas que cuentan con permisos de trabajo o procesos de asilo en curso. Mientras las autoridades locales argumentan que las normativas estatales los obligan a colaborar con las fuerzas federales, organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) han refutado esta postura.
- Dos tercios de las municipalidades del Condado de Miami-Dade han optado por no suscribir el acuerdo 287(g).
- Líderes locales, como el alcalde de South Miami, Javier Fernández, han confirmado que es posible mantener la autonomía municipal sin incurrir en represalias estatales.
- La comunidad venezolana, que representa más del 40% de la población de Doral, se siente traicionada por el giro en las políticas de protección migratoria.
Un contexto político complejo
La situación se agrava por el clima político nacional, marcado por un récord de arrestos migratorios en agosto y la eliminación de programas de alivio humanitario. Los críticos señalan una contradicción en la postura de los funcionarios locales, quienes, a pesar de su afinidad política con la administración de Donald Trump, ahora enfrentan el descontento de una base electoral que se siente desprotegida.
Thomas Kennedy, consultor de FLIC, calificó de «lágrimas de cocodrilo» las justificaciones de los funcionarios locales, enfatizando que la decisión de convertir a la policía municipal en un brazo de la maquinaria de deportación federal fue una elección política y no una imposición legal ineludible.
