Operación Cobra 2.0: Detallan esquema de transferencias ilícitas que vincula a médicos con SeNaSa
El Ministerio Público ha revelado pruebas financieras determinantes en el marco de la denominada Operación Cobra 2.0, las cuales apuntan a una red de reclamaciones fraudulentas contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Según la investigación, estas acciones no fueron eventos aislados, sino parte de una estructura coordinada que involucró a diversos profesionales de la salud y a Ángel Luís Guzmán Vásquez, señalado como figura central en la logística del esquema.
El papel de Ángel Luís Guzmán Vásquez
La solicitud de medida de coerción detalla cómo Guzmán Vásquez articulaba el movimiento de capitales provenientes de las supuestas reclamaciones irregulares. El órgano acusador sostiene que el flujo de dinero entre médicos y el imputado es la evidencia clave para demostrar la distribución de los fondos obtenidos tras los pagos realizados por la aseguradora estatal.
- Luz Esther Reyes Durán: La cirujana habría transferido un total de RD$663,848 a cuentas de Guzmán Vásquez entre 2023 y 2025, mediante diversos depósitos que oscilaron entre los RD$61,000 y los RD$156,000.
- Juan Henry Poueriet: Además de realizar transferencias por RD$174,000 en el periodo 2024-2025, el expediente señala que desde un número telefónico vinculado a Guzmán Vásquez se gestionaban autorizaciones de procedimientos a nombre de este médico, coincidiendo con un aumento inusual en su facturación ante SeNaSa.
- Adriano Hernández López: Identificado como uno de los implicados con mayores movimientos financieros, habría transferido la suma de RD$2,385,322 a las cuentas controladas por Guzmán Vásquez.
Un entramado de conexiones financieras
La investigación también ha puesto bajo la lupa a Angeury Guzmán Vásquez, hermano del principal señalado, quien figura con una transferencia de RD$622,700 hacia la cuenta de Ángel Luís. El Ministerio Público argumenta que dicho monto no guarda relación con los ingresos laborales legítimos detectados en el curso de las pesquisas.
Para el órgano persecutor, el análisis integral de las operaciones bancarias, los registros de llamadas telefónicas y las autorizaciones médicas es fundamental para comprender cómo operaba esta supuesta red de fraude que afectó al sistema de salud público.
El Ministerio Público enfatiza que la interconexión de estos elementos es vital para sostener la teoría del caso ante los tribunales, donde finalmente se determinará la responsabilidad penal individual de cada uno de los involucrados en este proceso judicial.
