Polémica por la adquisición de guantes de descarga eléctrica para agentes migratorios en EE. UU.
El reciente anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre una inversión de 20 millones de dólares destinada a la compra de guantes de descarga eléctrica para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha generado una fuerte controversia. La medida, que busca equipar a los agentes con dispositivos modelo CTG-5 capaces de emitir pulsos eléctricos al contacto físico, ha sido duramente cuestionada por legisladores y organizaciones sociales.
Desde el DHS se ha defendido la adquisición bajo el argumento de que estos implementos funcionan como una herramienta de desescalada, asegurando que se encuentran en un proceso constante de evaluación del equipo necesario para sus operaciones. Sin embargo, esta postura choca frontalmente con la visión de diversos sectores que ven en esta tecnología una forma de violencia innecesaria.
Reacciones de rechazo y críticas en el Congreso
Las críticas no se han hecho esperar. Figuras políticas y defensores de los derechos humanos han manifestado su indignación ante lo que consideran un retroceso en el trato hacia los migrantes.
Armar con guantes de descarga eléctrica a agentes mal entrenados para infligir dolor a nuestros vecinos es repugnante y bárbaro.
Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.
Entre las voces más críticas destaca la congresista demócrata por Illinois, Delia Ramírez, quien fue enfática al señalar que no se puede confiar este tipo de armamento a una agencia como el ICE. Ramírez ha aprovechado el contexto para impulsar nuevamente su propuesta legislativa conocida como ‘Melt ICE Act’, la cual busca restringir los fondos destinados a las detenciones migratorias.
Por su parte, el congresista Maxwell Alejandro Frost calificó el gasto de los 20 millones de dólares como un uso inapropiado del dinero de los contribuyentes, cuestionando la falta de supervisión sobre las actuaciones de los agentes en el terreno.
El historial del ICE bajo la lupa
- La Red Nacional de Organización de Jornaleros ha calificado la medida como un mecanismo que facilita la tortura discreta, abogando por la abolición de la agencia.
- La institución enfrenta un historial complejo tras incidentes mortales en operativos recientes en estados como Texas, Maine y Minnesota.
- Defensores de migrantes reclaman que el ICE opera actualmente con una estructura de financiamiento poco transparente que requiere una fiscalización inmediata por parte del Congreso.
La tensión entre el Gobierno y diversos sectores de la sociedad civil subraya el debate nacional sobre el control migratorio y los límites del uso de la fuerza. Mientras las autoridades mantienen su postura sobre la necesidad de equipar a sus agentes, los grupos de derechos humanos continúan exigiendo cambios estructurales profundos en la gestión de la agencia.
