Seguridad y justicia: El debate sobre los derechos de víctimas e imputados en República Dominicana
El reciente encuentro de RD Debate puso sobre la mesa uno de los temas más sensibles y complejos de la agenda nacional: el equilibrio entre la seguridad ciudadana, la actuación de las autoridades policiales y el respeto a los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en un proceso penal.
La discusión central se enfocó en determinar cuál debe ser el proceder de las autoridades una vez que un ciudadano es señalado por la comisión de un delito y cae bajo su jurisdicción. Este escenario plantea un desafío jurídico y social: la protección de quienes sufren las consecuencias de la delincuencia frente a las garantías constitucionales que protegen a los imputados.
La postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, enfatizó que el ordenamiento jurídico dominicano otorga derechos tanto a las víctimas como a los imputados. Según Mercedes, ignorar el debido proceso durante la etapa de detención o investigación podría resultar contraproducente para el sistema judicial.
Desconocer el debido proceso de una persona acusada no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que podría comprometer la integridad de todo el expediente cuando el caso sea evaluado por los tribunales.
Manuel María MercedesGarantías constitucionales y seguridad ciudadana
- El derecho a la vida: Durante el intercambio se citó el artículo 37 de la Constitución dominicana, que establece la inviolabilidad del derecho a la vida como pilar fundamental.
- El reclamo de las víctimas: Existe una creciente exigencia social por colocar a las víctimas de actos violentos, como atracos y robos, en el centro de las políticas de seguridad ciudadana.
- Dos dimensiones de la justicia: El sistema debe ser capaz de proteger a los afectados por el crimen mientras mantiene un estricto apego a las garantías procesales de los sospechosos.
El debate concluyó con una reflexión sobre la necesidad de armonizar ambos aspectos: la justicia para quienes han sido vulnerados por hechos delictivos y la observancia obligatoria de las garantías constitucionales. Este balance es, según los expertos, la única vía para fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar una correcta administración de justicia en el país.
