República Dominicana escala al Nivel 2 en la lucha contra la trata de personas
La República Dominicana ha logrado un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado al ascender al Nivel 2 en el más reciente informe sobre trata de personas elaborado por los Estados Unidos. Este reconocimiento refleja el fortalecimiento de las políticas públicas, las reformas judiciales y las acciones contundentes ejecutadas por el Estado dominicano para erradicar esta problemática.
Reformas legales y compromisos normativos
El pilar fundamental de este avance ha sido la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. La actualización legislativa elimina la necesidad de probar el uso de fuerza, fraude o coacción cuando la víctima es un menor de edad, alineando la normativa local con los estándares internacionales de protección a la niñez frente a la explotación sexual.
- Implementación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028.
- Adopción de la Resolución n.º 13-2024 para la identificación de personas apátridas.
- Aplicación rigurosa del Código de Protección de la Infancia, con penas de hasta 30 años de prisión.
Acción judicial y persecución del delito
En el ámbito de la persecución penal, las autoridades han intensificado su labor, iniciando 229 investigaciones y logrando procesar a 50 individuos. Un aspecto clave del informe es el compromiso con la transparencia institucional, evidenciado por la apertura de expedientes contra ocho funcionarios públicos, incluyendo miembros de organismos de seguridad, bajo sospecha de complicidad en estas redes criminales.
El endurecimiento de las penas y la persecución de la complicidad institucional demuestran que no hay tolerancia ante quienes vulneran los derechos humanos desde posiciones de poder.
Inspecciones laborales y protección a víctimas
El Ministerio de Trabajo ha sido clave en la prevención, ejecutando más de 1,050 inspecciones en sectores vulnerables como la agricultura y la construcción. Estas acciones resultaron en la suspensión de 11 empresas por indicios de trabajo forzoso, mientras que el programa de registro migratorio ha logrado formalizar a más de 7,400 trabajadores, garantizando su libertad de movimiento y mejores condiciones laborales.
En cuanto a la atención a las víctimas, el Estado ha garantizado asistencia integral a 136 personas identificadas. A través de la colaboración entre la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el CONANI, se han mantenido refugios especializados y servicios de apoyo legal y psicológico, asegurando que las víctimas cuenten con protección durante los procesos judiciales.
