Exigen investigar millonaria pérdida patrimonial del Estado por omisión procesal
Raúl Martínez, secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo (FP), ha solicitado formalmente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) que inicie una investigación exhaustiva sobre una grave omisión procesal en la Dirección General de Bienes Nacionales. Esta negligencia ha dejado al Estado dominicano expuesto al pago de RD$2,693.9 millones por unos terrenos ubicados en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional.
La situación, que ha generado gran preocupación, se originó tras la perención del recurso de casación que buscaba impugnar una condena contra el Estado. Debido a la inactividad procesal de los abogados responsables de representar a Bienes Nacionales, la Suprema Corte de Justicia no pudo evaluar los argumentos del Estado, lo que resultó en una sentencia definitiva que obliga al pago de una cifra multimillonaria por 117,937.80 metros cuadrados de terreno.
Un perjuicio económico de gran escala
El dirigente político enfatizó que este caso no puede ser minimizado como un simple error de forma, dada la magnitud de los fondos públicos comprometidos. Según los registros, mientras Bienes Nacionales valoraba el balance pendiente en aproximadamente RD$120.2 millones, el monto final fijado por el Tribunal Superior Administrativo ascendió a más de RD$2,693 millones, una diferencia que el Estado perdió la oportunidad de debatir judicialmente.
Estamos hablando de casi RD$2,700 millones que tendrá que pagar el pueblo dominicano. Cuando una actuación o una omisión de servidores públicos tiene consecuencias de esta magnitud para el patrimonio del Estado, existe la obligación de investigar, identificar responsabilidades y explicar al país qué ocurrió.
Raúl Martínez, secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo.
Puntos clave para la investigación
- Determinación de responsables: Identificar a los funcionarios, abogados y encargados administrativos que tuvieron el expediente a su cargo durante los tres años de inactividad.
- Fallas de supervisión: Establecer por qué no se activaron los mecanismos de control interno para evitar la perención del recurso.
- Transparencia: Aclarar si las autoridades superiores de Bienes Nacionales fueron notificadas a tiempo sobre el riesgo procesal del caso.
La sentencia TC/0771/26 del Tribunal Constitucional confirmó la extinción del recurso al validar que, durante un periodo prolongado, no se realizaron las actuaciones necesarias para impulsar el proceso, a pesar de existir las herramientas legales para evitar dicha perención.
Martínez concluyó instando a las autoridades a que la transparencia gubernamental se demuestre con acciones concretas ante este tipo de perjuicios económicos, garantizando que los ciudadanos reciban respuestas claras sobre cómo se gestionaron los intereses del Estado en un litigio de tal envergadura.
