Ministerio Público solicita prórroga en caso contra exdirector de Senasa
El Ministerio Público ha solicitado formalmente una extensión de cuatro meses para presentar la acusación definitiva en el proceso judicial que involucra al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros nueve implicados en una supuesta red de corrupción que habría afectado las arcas del Estado dominicano.
La petición fue depositada ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los representantes de la Dirección de Persecución y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho y Mirna Ortiz. El expediente será remitido al Séptimo Juzgado de la Instrucción, bajo la tutela del magistrado Deiby Timoteo Peguero, quien deberá notificar a las partes involucradas y convocar a una audiencia para decidir sobre este plazo adicional.
Detalles del proceso y los imputados
El caso, que ha captado la atención pública por la magnitud de las cifras involucradas, mantiene diversas medidas de coerción para los encartados:
- Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
- Ada Ledesma, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo se encuentran bajo arresto domiciliario.
Resulta relevante señalar que, según el órgano acusador, varios de los imputados que actualmente guardan arresto domiciliario colaboraron con las autoridades al admitir el pago de sobornos a funcionarios de la entidad de salud, lo cual influyó en la variación de sus medidas cautelares.
La investigación, que abarca el periodo comprendido entre 2020 y 2025, apunta a una estructura que habría defraudado al Estado por un monto superior a los RD$19,000 millones.
Cargos y alcance de la investigación
Los delitos imputados a esta red incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, lavado de activos, cobro de sobornos y falsificación de documentos. El Ministerio Público ha enfatizado que las pesquisas siguen en curso, dejando abierta la posibilidad de que otras personas físicas y jurídicas sean vinculadas al proceso a medida que avancen las diligencias investigativas.
La presentación de la acusación formal queda ahora sujeta a la decisión del tribunal respecto a la prórroga solicitada por la fiscalía, marcando un paso crucial en este extenso proceso judicial.
