Exigen justicia tras operativo contra fundación religiosa en Haina por maltrato infantil
La diputada por Haina, Margarita Tejeda, ha alzado su voz para exigir que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables de una presunta red de explotación laboral, trata de personas y maltrato infantil descubierta en una fundación religiosa ubicada en el sector Las Paredes, San Cristóbal. La legisladora calificó los hechos como una situación inaceptable que requiere una respuesta contundente de las autoridades judiciales.
Es una situación lamentable cuando se trata de niños sometidos a trabajos forzosos o a cualquier forma de abuso infantil. Que caiga el peso de la ley sobre quien tenga que caer.
Margarita Tejeda, diputada por Haina
Detalles del rescate y las investigaciones
El caso salió a la luz pública luego de que un menor de 12 años lograra escapar del centro con sus pertenencias y solicitara auxilio en un destacamento policial cercano. A raíz de este evento, las autoridades ejecutaron un operativo que culminó con el rescate de 14 menores y la detención de más de diez personas vinculadas a la fundación.
Según lo informado por la legisladora, residentes de la zona habían intentado denunciar las irregularidades en el pasado, pero el temor a represalias y amenazas había silenciado las voces de la comunidad. Tejeda señaló que, de acuerdo con las versiones recabadas, el pastor a cargo de la entidad captaba a menores de familias de escasos recursos bajo la promesa de brindarles asistencia, para luego mantenerlos en condiciones infrahumanas.
Hallazgos preocupantes en el centro
- Hacinamiento en las instalaciones.
- Presencia de habitaciones con barrotes.
- Convivencia inapropiada entre adultos y menores de edad.
- Menores de edad permaneciendo solos sin supervisión de adultos responsables.
Ligia Pérez Peña, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), confirmó que el centro operaba sin la debida autorización legal. Ante esta situación, la diputada Tejeda enfatizó la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia sobre todas las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes en el país.
El Ministerio Público y la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes continúan profundizando las investigaciones para esclarecer el alcance de estos delitos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes por los atropellos cometidos contra los menores rescatados.
