Gobierno de Keiko Fujimori busca facultades legislativas para implementar reformas clave en Perú
A un mes de asumir el mando, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha solicitado oficialmente al Parlamento facultades legislativas para ejecutar cambios estructurales en el país. Esta petición, que fue formalizada tras un periodo de ajustes y consultas, se centra en ejes fundamentales como la seguridad ciudadana, el sistema penitenciario, la política fiscal y la legislación laboral.
Seguridad y sistema penitenciario: los pilares de la propuesta
Uno de los puntos más críticos de la solicitud es la estrategia de seguridad. El Ejecutivo propone que las organizaciones criminales sean tipificadas bajo la figura de terrorismo, buscando endurecer las penas y la persecución de estas bandas. Asimismo, se pretende actualizar el marco legal que rige el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, otorgando mayor respaldo a su accionar en las calles.
En cuanto al sistema penitenciario, la realidad actual es alarmante, con una sobrepoblación que supera el doble de la capacidad instalada. Ante esto, el Gobierno proyecta:
- La construcción de nuevos recintos carcelarios.
- La reubicación de internos de baja peligrosidad en cuarteles militares en desuso.
- La transferencia del control externo de las cárceles a las Fuerzas Armadas.
Transformaciones en el sector económico y laboral
En el ámbito económico, la administración de Fujimori busca dinamizar el sector privado a través de incentivos para la formalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, se planea implementar un sistema de bonos de productividad vinculados al desempeño laboral.
El Ejecutivo también contempla una reforma en el calendario de días festivos. La medida propone trasladar los feriados que ocurran a mitad de semana hacia el lunes más cercano, con el objetivo de fomentar el turismo interno y minimizar las interrupciones en la productividad nacional.
Un desafío en el plano legislativo
El éxito de estas reformas dependerá de la capacidad de negociación del Gobierno en el Congreso. La propuesta deberá superar primero la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no cuenta con una mayoría absoluta, representando el obstáculo más significativo antes de llegar al Senado. En la cámara alta, la mandataria cuenta con el respaldo de cerca de la mitad de los legisladores, lo que hace que el consenso político sea indispensable para la aprobación de estas facultades.
Además de estos temas, el paquete legislativo incluye modificaciones en materia tributaria, agraria, así como nuevas directrices para la gestión del agua y el otorgamiento de concesiones mineras en el territorio peruano.
