Perú establece comando unificado para combatir la crisis de inseguridad ciudadana
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha anunciado una medida drástica para frenar la ola de criminalidad que afecta al país. Durante una ceremonia oficial en el Cuartel General del Ejército en Lima, la mandataria informó la creación de un comando unificado que integrará los esfuerzos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Este nuevo organismo contará con un centro de control y operaciones estratégico destinado a coordinar acciones contundentes contra las bandas delictivas.
La decisión fue tomada tras una sesión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena), donde se determinó la necesidad de un giro en la estrategia de seguridad pública. Fujimori destacó la urgencia de estas acciones debido al clima de temor que viven los ciudadanos frente a la extorsión y la violencia armada.
El pueblo peruano está desesperado porque sale todos los días a trabajar con miedo de ser extorsionado o de morir en una balacera. La defensa de la vida de los ciudadanos no tiene bandera.
Keiko Fujimori, Presidenta de Perú
Cooperación internacional y nuevas medidas de control
Como parte de esta nueva política de seguridad, la jefa de Estado extendió una invitación a gobiernos extranjeros para colaborar mediante el intercambio de tecnología, inteligencia y recursos. El objetivo es fortalecer las capacidades operativas del país frente a las organizaciones criminales transnacionales.
Entre los ejes principales de la nueva estrategia, el Gobierno ha detallado los siguientes puntos:
- Ejecución de operativos intensivos de búsqueda y captura de delincuentes.
- Aceleración de los procesos de expulsión para ciudadanos extranjeros que infrinjan la ley.
- Recuperación del control en los centros penitenciarios, con especial énfasis en el aislamiento de presos que coordinan actividades delictivas desde las cárceles.
La presidenta Fujimori hizo un llamado a la unidad nacional, convocando a las fuerzas políticas, al sector privado y al Poder Judicial a trabajar de manera conjunta y acelerada. Asimismo, garantizó que, aunque el Estado tendrá una actuación más directa, todas las operaciones se realizarán bajo un estricto respeto a la Constitución, los derechos humanos y los principios democráticos.
