Exigen investigación tras desalojo irregular en Los Cacicazgos
Familiares y allegados de María Núñez han alzado su voz para exigir respuestas contundentes a las autoridades tras un confuso procedimiento ocurrido en una propiedad ubicada en la calle Camini número 93, en el sector Los Cacicazgos del Distrito Nacional. Según los denunciantes, fueron retirados del inmueble de manera forzosa sin que se presentara una orden judicial o autorización legal que avalara dicha acción.
El tenso momento vivido durante la intervención tuvo consecuencias directas en la salud de la propietaria. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Núñez sufrió un preinfarto ante la presión de la situación, lo que obligó a su traslado de emergencia en una ambulancia. Afortunadamente, los allegados confirmaron más tarde que la mujer se encuentra estable tras recibir atención médica.
Cuestionamientos al procedimiento y figuras involucradas
La familia insiste en que el desalojo careció de transparencia. Afirman que, al solicitar la documentación legal que sustentara la irrupción en la vivienda, no obtuvieron respuesta ni respaldo oficial alguno. En el centro de la denuncia se encuentra la figura de Nelson Beltré, quien, según los afectados, se presentó en el lugar identificándose como fiscal. Ante esto, la familia ha solicitado formalmente al Ministerio Público que aclare la condición oficial de esta persona y las funciones que ejerció durante el incidente.
Además de Beltré, los denunciantes han señalado a Edgar Hernández y Mabel Luciano como participantes en el operativo, solicitando que sus roles sean investigados minuciosamente para determinar si existió algún abuso de autoridad.
Queremos respuestas. Queremos saber quién ordenó este procedimiento, con qué documento y bajo qué autoridad se realizó.
Familiares de María NúñezLlamado a las autoridades competentes
Ante la gravedad de los hechos, los afectados han interpuesto una solicitud formal para que el caso sea revisado por las instancias superiores del Ministerio Público. Entre las peticiones, se incluye una exhaustiva investigación sobre la legalidad del procedimiento y el cumplimiento de las garantías del debido proceso.
La familia ha dirigido su llamado a figuras claves como la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, con la esperanza de que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades ante lo que consideran una actuación arbitraria y fuera de la ley.
