Indignación en San Cristóbal tras sentencia absolutoria por explosión de Vidal Plast
La comunidad de San Cristóbal ha manifestado su profundo descontento tras la decisión de un tribunal unipersonal de declarar inocentes a los propietarios de la empresa Vidal Plast. El fallo judicial pone fin, en primera instancia, al proceso penal seguido contra los implicados por la tragedia ocurrida el 14 de agosto de 2023, la cual resultó en 38 fallecimientos y numerosos heridos.
La sentencia favoreció a Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, así como a la razón social Vidal Plast SRL. El Ministerio Público los había procesado bajo cargos de homicidio involuntario, señalando supuestas imprudencias y violaciones a las normativas de almacenamiento y seguridad ambiental.
Voces de los afectados piden respuestas
Tras conocerse la resolución, ciudadanos que fueron testigos directos o familiares de las víctimas han alzado su voz para cuestionar la falta de responsables ante una tragedia de tal magnitud. Jesús Javier, uno de los residentes que ha seguido de cerca el caso, calificó el resultado como una irresponsabilidad institucional.
Todavía no han dicho nada. Dijeron que ellos están libres de todo eso, pero yo eso lo veo como una irresponsabilidad porque ¿y la gente que murió ahí? El Gobierno no ha hecho nada ni dice nada.
Jesús Javier, ciudadano afectado
Por su parte, otra residente identificada como Mayra enfatizó la necesidad de que las autoridades continúen investigando para esclarecer los hechos y garantizar que se aplique justicia a quienes, a su juicio, provocaron el siniestro.
Situación legal y nuevas acciones
El abogado de la defensa, Teobaldo Durán, confirmó que sus clientes fueron absueltos tanto en el ámbito penal como en el civil, dado que los familiares de las víctimas desistieron de las pretensiones indemnizatorias durante el proceso.
Sin embargo, el conflicto legal no termina aquí. Roberto Faxas, representante legal de un grupo de víctimas, informó que el reclamo se ha trasladado al Tribunal Superior Administrativo. Según explicó, se mantiene una demanda por RD$3,800 millones dirigida contra el Ayuntamiento de San Cristóbal y el Ministerio de Obras Públicas, a quienes señalan como responsables indirectos por omisiones en sus funciones.
- 38 víctimas mortales fueron confirmadas tras el siniestro.
- 12 personas adicionales fueron declaradas fallecidas legalmente por el Congreso Nacional tras permanecer como desaparecidas.
- El caso continúa generando debate sobre la seguridad industrial y la responsabilidad estatal en la protección de la ciudadanía.
