Descendientes de Trujillo reclaman millonaria suma al Banco de Reservas
La familia del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina ha vuelto a situarse en el centro de la opinión pública tras iniciar un proceso legal contra el Banco de Reservas. Rafael José Ramón Trujillo Lovatón y Yolanda Altagracia Trujillo Lovatón, hijos del exmandatario, exigen la devolución de un depósito realizado hace más de siete décadas que, según sus cálculos, ha generado intereses millonarios.
Detalles del reclamo financiero
El origen de la disputa se remonta al 4 de febrero de 1950, fecha en la que se efectuó un depósito de 2.3 millones de dólares a nombre de Yolanda Lina Lovatón Pittaluga, madre de los demandantes. Los herederos sostienen que, tras el paso de los años y la acumulación de intereses, el capital asciende actualmente a una cifra superior a los 100 millones de dólares.
Para sustentar su petición ante los tribunales, la parte demandante ha presentado documentación que incluye:
- La constancia bancaria número 2117, que acreditaría la existencia de los fondos.
- Una comunicación oficial que supuestamente autorizaba la entrega del dinero a Lovatón Pittaluga tras el fallecimiento de Trujillo.
- Cálculos legales que sitúan el monto total, incluyendo indemnizaciones por daños y perjuicios, en aproximadamente 103 millones de dólares.
La postura del Estado y el contexto histórico
El Banco de Reservas ha cuestionado la legitimidad de esta reclamación, argumentando que los fondos originalmente pertenecían al dictador y no a su esposa. Esta postura se alinea con la realidad jurídica posterior a 1961, año en el que el Estado dominicano, mediante la Ley 5785, declaró como bienes nacionales todos los activos, créditos y obligaciones vinculados a Trujillo y su círculo familiar inmediato.
Este caso revive uno de los capítulos más sensibles de la historia reciente de la República Dominicana, al confrontar los derechos sucesorales reclamados por los descendientes con las leyes de confiscación dictadas tras el fin de la dictadura de 31 años.
La controversia ha sido señalada por diversos sectores de la sociedad, quienes consideran improcedentes las pretensiones de los herederos, argumentando que dichos recursos forman parte del patrimonio estatal que fue recuperado tras la caída del régimen.
