Tragedia en Hato Mayor: Fallece menor tras caída de atracción mecánica
Lo que debía ser una jornada de celebración en el municipio de Hato Mayor del Rey se convirtió en una tragedia que ha conmocionado a toda la República Dominicana. El fallecimiento de una menor de 11 años, tras caer de una atracción mecánica, ha puesto sobre la mesa la urgente necesidad de revisar los protocolos de seguridad y fiscalización en las ferias itinerantes del país.
El incidente ocurrió la noche del pasado 18 de septiembre, cuando tres menores disfrutaban de un juego conocido popularmente como «la estrella». Durante el funcionamiento de la atracción, una de las canastas se desprendió inesperadamente, provocando la caída al vacío de las niñas desde una altura considerable.
La niña Lianji Ramírez Reyes, de 11 años, perdió la vida tras nueve días de lucha en cuidados intensivos, donde fue sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas debido a una hemorragia cerebral y disfunción encefálica.
El debate sobre la falta de regulación
Este suceso ha expuesto las debilidades en la supervisión de los equipos recreativos que recorren diversos municipios. El análisis de la situación señala que existe una cadena de responsabilidad compartida entre varias instituciones que deben garantizar la seguridad pública:
- Ministerio de Interior y Policía: Responsable de otorgar licencias y exigir pólizas de seguro, señalización de riesgos y equipos de emergencia.
- Ayuntamientos: Encargados de la autorización y uso del espacio público donde se instalan las ferias.
- Cuerpos de Bomberos: Entidades que deben realizar el peritaje técnico sobre el terreno antes de que cualquier atracción entre en funcionamiento.
Proceso judicial en curso
Tras la muerte de la menor, el caso ha escalado a nivel legal. El empresario Simón María Esteves Ramos, propietario de la firma «Estevez Park», se encuentra detenido y a la espera de medidas de coerción. La calificación jurídica del caso ha sido modificada, pasando de un accidente con lesionados a una investigación por atentado culposo contra la vida, fundamentado en presunta negligencia e inobservancia de las normas de seguridad.
Además de la responsabilidad penal, expertos legales señalan que la Alcaldía de Hato Mayor podría enfrentar demandas civiles, bajo los preceptos de la Ley 176-07 de Municipios, si se demuestra que autorizaron la operación de la feria sin verificar rigurosamente los estándares técnicos exigidos por la ley.
Ante el luto que embarga a la comunidad, la alcaldía local y el comité organizador optaron por la suspensión definitiva de todas las actividades festivas, marcando un precedente sobre la importancia de priorizar la vida humana por encima de cualquier celebración recreativa.
