Expertos debaten sobre el plazo máximo en procesos penales durante Congreso Internacional
En el marco del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional celebrado en Santo Domingo, el reconocido jurista argentino Martin D. Haissiner abordó la importancia de establecer límites temporales estrictos en los procesos penales. Bajo la ponencia titulada «La rebeldía del tiempo: sobre la dificultad para regular la duración máxima del proceso penal», el experto enfatizó que una vez superado el tiempo legal permitido, la acción penal debe extinguirse de manera definitiva.
Haissiner, quien cuenta con una destacada trayectoria académica en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Yale, subrayó que el plazo máximo debe funcionar como una barrera «previa, precisa y categórica» frente al poder punitivo del Estado.
El tiempo consumido por un proceso es irreversible. A diferencia de otras violaciones procesales que pueden repararse, una persona sometida a un proceso durante más tiempo del permitido ya ha soportado las consecuencias de esa demora.
Martin D. Haissiner, jurista
Diferencias clave entre plazo máximo y plazo razonable
Durante su intervención, el especialista aclaró que, aunque ambos conceptos están vinculados, operan como instrumentos jurídicos distintos:
- Plazo máximo: Actúa como un límite infranqueable. Si el término concluye sin una decisión firme, la persecución penal debe clausurarse, protegiendo así la presunción de inocencia.
- Plazo razonable: Funciona como una herramienta para poner fin a un proceso antes de alcanzar el límite máximo, siempre que la duración del mismo resulte excesiva o injustificada.
El jurista concluyó que el plazo razonable puede anticipar el cierre de un caso, pero nunca debe ser utilizado como un mecanismo para postergar la finalización de un proceso más allá de lo estipulado por la ley.
El debido proceso como eje central
Estas reflexiones encuentran eco en la postura del presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier, quien durante la apertura del evento destacó que salvaguardar las garantías procesales no significa promover la impunidad.
Estévez Lavandier reafirmó que todo ciudadano, sin importar la gravedad de los hechos que se le imputen, mantiene intactos sus derechos constitucionales. Según el magistrado, si bien la eficacia de la justicia y la seguridad ciudadana son pilares fundamentales, estas siempre deben desarrollarse bajo el estricto respeto a los principios que rigen un Estado constitucional.
