Desarticulan red de proveedores que manipulaba licitaciones en el Estado
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, confirmó la desarticulación de una estructura operativa identificada como un “cártel de proveedores”. Este grupo, compuesto por un círculo reducido de individuos, mantenía el control sobre decenas de empresas para participar de manera coordinada en procesos de compras y contrataciones estatales.
Durante su intervención, Pimentel detalló que esta red utilizaba una estrategia de diversificación empresarial para intervenir en licitaciones de instituciones clave, tales como los Comedores Económicos y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). El funcionario fue enfático al señalar que una sola persona o un pequeño grupo lograba agenciarse la titularidad de hasta 40 compañías diferentes para simular una competencia que, en la realidad, estaba viciada.
Modus operandi y presiones
La estructura no solo se limitaba a la creación masiva de empresas, sino que implementaba tácticas de intimidación para asegurar la adjudicación de contratos millonarios. De acuerdo con las declaraciones de Pimentel, los involucrados recurrían a los siguientes mecanismos:
- Interposición de recursos legales constantes para entorpecer los procesos.
- Presentación de denuncias infundadas contra otros competidores.
- Uso de amenazas directas para generar temor y asegurar su victoria en las licitaciones.
El cártel de proveedores no es más que dos o tres personas naturales que se han agenciado decenas de empresas, tal vez 30 o 40. Estas prácticas han sido enfrentadas con medidas contundentes por parte de las autoridades para garantizar la transparencia en las compras públicas.
Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas
Antecedentes de la investigación
El esquema de operación de este grupo había sido puesto bajo la lupa anteriormente. Las investigaciones previas señalaron que la red concentraba contratos de gran envergadura en instituciones como el Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos. Entre las irregularidades detectadas en su momento, destacaban la falsificación de registros sanitarios y el uso sistemático de testaferros para ocultar la verdadera titularidad de las empresas involucradas.
Con esta acción, el organismo reafirma su compromiso de sanear los procesos de compras estatales, asegurando que se han tomado las medidas necesarias para evitar que prácticas ilícitas continúen afectando el patrimonio público y la libre competencia entre los proveedores del Estado.
