Defensa de Jean Alain Rodríguez apelará rechazo a extinción de acción penal
El equipo legal del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha confirmado que impugnará la reciente decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. La instancia judicial desestimó la solicitud de extinción de la acción penal presentada en el marco del proceso por presuntos actos de corrupción administrativa que involucra al exfuncionario.
A través de un comunicado oficial, los abogados defensores señalaron que, aunque el tribunal reconoció que el proceso judicial se ha extendido por cerca de seis años —superando el límite legal de cuatro años establecido en la normativa procesal—, la decisión final no favoreció sus pretensiones. Según la defensa, el tribunal determinó erróneamente que el vencimiento del plazo legal no implica automáticamente la vulneración del llamado «plazo razonable».
Argumentos de la defensa y próximos pasos
La postura de los representantes legales de Rodríguez se fundamenta en la interpretación de la Ley 97-25 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De acuerdo con sus argumentos, el concepto de «plazo razonable» debe alinearse con el límite máximo de cuatro años, por lo que, al haber excedido este tiempo sin que el imputado fuera responsable de las dilaciones, la acción penal debería declararse extinguida.
La defensa sostiene que el tribunal cometió un error jurídico al separar el vencimiento del plazo legal de la garantía del plazo razonable, por lo que acudirán ante la Corte de Apelación para que sea una instancia superior la que dirima esta controversia legal.
Contexto del caso
Jean Alain Rodríguez es el principal señalado en un entramado de corrupción que, de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, operó durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República en el periodo 2016-2020. Junto a él, otras 16 personas enfrentan cargos por el supuesto desvío de más de 6,000 millones de pesos de los fondos públicos.
- El proceso judicial abarca un periodo de casi seis años de investigación y litigio.
- El Ministerio Público acusa a una red de corrupción conformada por 17 implicados.
- La defensa reitera que el exprocurador no ha sido responsable de las trabas o retrasos en el desarrollo del juicio.
