Cuestionan designación en Comisión de Veeduría de DO Sostenible por posible conflicto de interés
La reciente designación de Alliet Ortega Rabassa como coordinadora de la Comisión de Veeduría Ciudadana del Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO Sostenible) ha generado un intenso debate en diversos sectores de la sociedad civil. La preocupación central radica en un aparente conflicto de interés que podría afectar la imparcialidad y la independencia necesarias para las labores de fiscalización de este organismo.
La Comisión de Veeduría fue establecida mediante el Decreto 498-26, con el objetivo primordial de actuar como un ente consultivo que garantice la transparencia y la rendición de cuentas. El marco legal vigente, específicamente en su artículo 5, exige que cada integrante firme un compromiso ético que avale su total autonomía y la ausencia de vínculos que comprometan su juicio.
Vínculos institucionales bajo la lupa
El punto de fricción surge debido a que Ortega Rabassa ejerce actualmente como vicerrectora de Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Esta institución académica mantiene un Convenio Marco de Colaboración activo con el fideicomiso DO Sostenible, el cual incluye proyectos conjuntos como el Observatorio Dominicano de Residuos Sólidos.
La legitimidad y la confianza pública en los procesos de veeduría dependen directamente de la transparencia. Resulta indispensable que las autoridades competentes esclarezcan estas vinculaciones antes de que el órgano supervisor inicie sus operaciones formales.
Expertos en el ámbito jurídico y activistas sociales.Interrogantes sobre el proceso de selección
- ¿Se declaró formalmente la alianza entre INTEC y DO Sostenible al suscribir el compromiso ético?
- ¿Cuál es el estatus jurídico actual del convenio de colaboración entre ambas entidades?
- ¿Qué organismo oficial fue responsable de evaluar la independencia de los miembros seleccionados para esta comisión?
Dado que el rol de los comisionados se limita a la observación, el seguimiento y la formulación de recomendaciones, diversos sectores sociales enfatizan que cualquier sombra de duda sobre la independencia de sus miembros debe ser disipada. La exigencia de claridad busca proteger la integridad del sistema de control y asegurar que el fideicomiso cumpla con los estándares de probidad esperados por la ciudadanía.
