El debate sobre la tarifa eléctrica: Entre la sostenibilidad financiera y el bolsillo de los ciudadanos
El sector eléctrico dominicano se encuentra en el centro de una compleja discusión económica. El Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028 ha puesto sobre la mesa la posibilidad de retomar los ajustes tarifarios que permanecen pausados desde abril de 2022. Aunque el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ha sido enfático al señalar que por el momento no se ha tomado una decisión definitiva, la intención de equilibrar la tarifa con el costo real del servicio genera incertidumbre en la población.
La preocupación de la ciudadanía no es menor. Mientras las autoridades analizan la sostenibilidad del sistema, numerosos usuarios de Edesur han reportado incrementos significativos en sus facturas, algunos de hasta un 200 %, lo que ha intensificado el malestar social ante un posible reajuste generalizado.
Cifras que exponen la crisis de las distribuidoras
Los números detrás de la crisis eléctrica son contundentes y explican la presión sobre las finanzas públicas. Durante la última década, específicamente entre 2014 y 2024, el Estado ha tenido que inyectar RD$505,629 millones para compensar el déficit de las distribuidoras. Solo en lo que va de año, hasta el 14 de agosto, el subsidio eléctrico alcanzó los RD$78,800 millones.
- Edeeste: 56 % de pérdidas.
- Edesur: 31.6 % de pérdidas.
- Edenorte: 26.1 % de pérdidas.
En conjunto, las pérdidas de las EDE se situaron en un 38.9 % a mayo pasado. Ante este escenario, voces expertas, como la del investigador José Luis Moreno de San Juan, advierten que la actualización de la tarifa es una medida técnica necesaria debido al impacto del costo de los combustibles en un esquema tarifario que no se ha modificado en más de dos años.
Reconocer que la tarifa necesita una revisión no implica trasladar la carga de la ineficiencia operativa a quienes cumplen puntualmente con sus pagos cada mes.
Eficiencia antes que nuevos cargos
La postura predominante es clara: antes de solicitar un mayor sacrificio económico a los hogares y al sector empresarial, las empresas distribuidoras deben presentar resultados tangibles. La reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas, una mejor medición, el mantenimiento preventivo y la optimización del servicio son tareas pendientes que no pueden postergarse.
El modelo actual, donde casi cuatro de cada diez unidades de energía se pierden, resulta insostenible. Cualquier ajuste futuro, si llega a concretarse, deberá cumplir con condiciones fundamentales para la tranquilidad de la sociedad:
- Debe ser gradual y transparente.
- Requiere una explicación técnica detallada para la población.
- Es indispensable implementar mecanismos de protección para los hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad.
- El Gobierno debe establecer metas de gestión claras, públicas y verificables para mejorar la eficiencia del servicio.
En definitiva, el desafío del Estado es doble: sanear el déficit eléctrico sin que esto signifique un cheque en blanco para las distribuidoras, garantizando al mismo tiempo que la solución al problema no recaiga exclusivamente sobre los usuarios que ya sostienen el sistema con sus pagos constantes.
