Condenan a 20 años de prisión a Vinicio de la Cruz Calcaño por homicidio en Samaná
El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Santa Bárbara de Samaná dictó una sentencia de 20 años de reclusión mayor contra Vinicio de la Cruz Calcaño, tras hallarlo culpable del homicidio voluntario en perjuicio de Martín Acosta. La decisión judicial se fundamentó en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, concluyendo que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron contundentes para demostrar la responsabilidad del imputado.
Compensación económica y medidas cautelares
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal dispuso una indemnización civil de tres millones de pesos dominicanos. Este monto será distribuido equitativamente entre Aurora Espino, esposa de la víctima, y su hija, Maridania Acosta, quienes recibirán 1.5 millones de pesos cada una. Adicionalmente, se dictó un impedimento de salida del país para el condenado y una orden de alejamiento y protección a favor de los familiares por un período de dos años.
La justicia ha enviado un mensaje claro tras un proceso exhaustivo donde la evidencia presentada permitió esclarecer los hechos y garantizar que el responsable de este crimen cumpla su condena.
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Detalles del proceso judicial
Durante el juicio, el tribunal tomó una decisión particular respecto al arma de fuego utilizada en el hecho, rechazando su comiso al determinar que su estatus legal debe ser gestionado mediante un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Interior y Policía. La lectura íntegra de la sentencia ha sido programada para el próximo 1 de octubre a las 4:00 de la tarde.
- Fiscales a cargo: Marlene Rodríguez, Anni Concepción y Daniel Misael Rijo.
- Representación legal de la familia: Juan Carlos Ulloa y Juan Pedro Guillandeaux.
- Sectores involucrados: Asociaciones de transportistas de Nagua y Samaná brindaron su respaldo a los familiares durante el desarrollo del caso.
Aunque el fallo fue recibido con satisfacción por parte de la representación legal de la víctima y la comunidad, la sentencia es de primera instancia. Por lo tanto, las partes involucradas mantienen el derecho de ejercer los recursos de apelación que consideren pertinentes dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente.
