Comunidades de El Cachón exigen consulta previa ante posibles explotaciones mineras
Las Juntas de Vecinos Los Almendros y Reyes Gómez, pertenecientes al Distrito Municipal El Cachón en Barahona, han elevado una solicitud formal ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El objetivo principal es garantizar que cualquier proyecto de explotación minera, extracción de materiales o intervención en la vegetación de sus zonas montañosas esté sujeto a una consulta obligatoria con los residentes locales.
Los representantes comunitarios enfatizan que la entrega de permisos a empresas como Grancera o a individuos con intereses extractivos, sin tomar en cuenta la opinión de los pobladores, constituye una amenaza latente para los recursos hídricos y el equilibrio ecológico de la región. Para estas organizaciones, la legalidad administrativa no es suficiente si no cuenta con la denominada licencia social, que es el respaldo y aprobación de quienes habitan el territorio.
Denuncian construcción irregular y antecedentes ambientales
La preocupación de los habitantes de El Cachón se ha intensificado ante la construcción de un camino en el sector El Cobo, obra atribuida a Mayker González. Según los denunciantes, esta intervención se realiza de manera irregular, carece de las autorizaciones pertinentes y pone en riesgo directo las áreas boscosas y acuíferas de la comunidad.
Toda actividad de esta naturaleza requiere no solo permisos legales, sino también licencia social, es decir, la aceptación y aprobación de los pobladores que habitan y dependen del territorio afectado.
Líderes comunitarios de El Cachón
Los líderes vecinales señalaron que González posee un historial documentado de operaciones extractivas realizadas sin los permisos ambientales necesarios. De acuerdo con las declaraciones de las juntas de vecinos, este empresario ha enfrentado situaciones similares en Baní, Azúa y otras zonas de Barahona, donde ha sido cuestionado por los daños ambientales derivados de sus actividades extractivas no autorizadas.
Ante esta situación, los residentes han anunciado que llevarán a cabo una vigilia comunitaria en el lugar de la construcción para exigir la paralización de la obra y el respeto a sus derechos ambientales.
