Debaten sobre gestión migratoria y derechos humanos en la UASD
El Colectivo de Migración y Derechos Humanos organizó el foro «Voces Solidarias» en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El encuentro tuvo como objetivo principal analizar la política migratoria actual en la República Dominicana y fomentar un diálogo abierto sobre los desafíos que enfrenta la nación en esta materia.
Guadalupe Valdez, representante de la entidad, subrayó que si bien el Estado dominicano posee la facultad soberana de regular los flujos migratorios y aplicar sus leyes, este ejercicio debe realizarse bajo un estricto apego al respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales de los individuos.
Cuestionamientos a controles en centros de salud
Uno de los puntos centrales del debate fue el rechazo a la implementación de controles migratorios dentro de los hospitales públicos. Valdez enfatizó que los centros de salud deben priorizar la atención médica y no convertirse en espacios para la ejecución de políticas de control migratorio, especialmente cuando se trata de mujeres embarazadas o personas en situaciones de vulnerabilidad.
Los hospitales, desde el punto de vista ético, no pueden tener una instancia migratoria. La instancia migratoria tiene que estar en la frontera, que es donde se debe regular la entrada de personas a la República Dominicana.
Guadalupe Valdez
La dirigente hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la vigilancia en las zonas fronterizas, señalando que es allí donde debe concentrarse el control para frenar el ingreso irregular, además de instar al Estado a combatir la corrupción en los puntos de tránsito del territorio nacional.
Dificultades en procesos de regularización
Durante el evento, se expuso la preocupación por las trabas burocráticas que enfrentan los extranjeros que buscan regularizar su estatus legal. Según el Colectivo, los requisitos exigidos actualmente dificultan que personas con años de residencia y trabajo en el país puedan obtener su documentación, situación agravada por la crisis en Haití y la limitación de servicios consulares.
- Necesidad de flexibilizar procesos para residentes de larga data.
- Impacto de la falta de pasaportes y servicios consulares en la regularización.
- Llamado a la responsabilidad compartida entre los Estados para garantizar los derechos de sus ciudadanos.
Finalmente, Valdez reiteró que la intención del colectivo no es oponerse a la aplicación de la ley, sino abogar por una gestión migratoria organizada que, además de ser eficiente, sea respetuosa con los derechos humanos y se alinee con las políticas públicas internas del Estado dominicano.
