Debate en el Congreso: Legisladores cuestionan muertes en intercambios de disparos
La reciente ola de muertes de presuntos delincuentes durante enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional ha generado un intenso debate en el ámbito legislativo. Diputados de la oposición han alzado su voz para advertir que la lucha contra la criminalidad no puede convertirse en una práctica que sustituya los procesos judiciales establecidos por la Constitución y las leyes dominicanas.
El diputado Alcibiades Tavárez fue uno de los más críticos, señalando que las autoridades se han extralimitado en sus funciones. Según el legislador, el Estado de derecho exige que toda persona señalada por cometer delitos sea sometida a la justicia, en lugar de ser eliminada en operativos policiales.
Yo considero que la Policía Nacional y el Gobierno se han extralimitado, y es un exceso agarrar a decenas de ciudadanos, fusilarlos sin llevarlos a un juicio, a la justicia. Aquí vivimos un régimen de derecho.
Alcibiades Tavárez, Diputado
El debido proceso bajo la lupa
En la misma línea, el congresista Charlie Mariotti Paz manifestó su respaldo a una estrategia de mano dura y prevención del delito, pero enfatizó que cualquier acción debe enmarcarse estrictamente en el respeto al debido proceso. Mariotti Paz cuestionó que sea la institución policial la que determine, de facto, quién debe vivir o morir, desplazando la autoridad de los tribunales.
- La Policía no debe decidir quién llega ante los tribunales y quién no.
- Cualquier propuesta sobre la pena de muerte debe ser debatida formalmente en el Congreso Nacional.
- El Estado de derecho es el pacto social que debe prevalecer en la República Dominicana.
Defensa de la labor policial
Por otro lado, el diputado Carlos Sánchez, integrante de la Comisión Permanente de Interior y Policía, salió en defensa de las actuaciones de los agentes. Sánchez desestimó las críticas de organismos de derechos humanos, argumentando que las personas fallecidas han sido identificadas como individuos vinculados a actividades delictivas.
El legislador subrayó que existe un respaldo ciudadano significativo hacia las medidas tomadas por la Policía para enfrentar la delincuencia. Asimismo, aclaró que, si bien ningún antecedente faculta a un agente para quitar la vida, corresponde exclusivamente al Ministerio Público realizar las investigaciones necesarias para esclarecer si hubo irregularidades en los procedimientos.
Un tema de preocupación nacional
Este intercambio de opiniones ocurre tras un mes de septiembre marcado por múltiples muertes en intervenciones policiales. Mientras los diputados debaten los límites del uso de la fuerza, organizaciones de la sociedad civil han anunciado que elevarán denuncias ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, exigiendo investigaciones independientes que arrojen luz sobre estos sucesos.
