Ricardo de los Santos exige mayor eficacia policial ante órdenes de arresto pendientes
El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, se pronunció recientemente sobre la crisis de seguridad ciudadana que afecta al país. El legislador enfatizó la necesidad urgente de ejecutar las más de 50 mil órdenes de arresto que permanecen pendientes, instando a las autoridades a ser más efectivas en la captura de personas con cuentas pendientes con la justicia.
Durante sus declaraciones, De los Santos abordó el delicado debate sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. El funcionario abogó por un equilibrio necesario en el accionar de los agentes del orden:
Yo siempre creo que eso de la mocha debe ser ya cuando no haya otra solución. Lo ideal es que los ciudadanos que tienen procesos judiciales pendientes se entreguen voluntariamente y eviten oponer resistencia al momento de ser interceptados por las autoridades.
Ricardo de los Santos, presidente del Senado
Preocupación por la reincidencia delictiva
El presidente de la Cámara Alta reconoció que la inseguridad es la principal inquietud de la sociedad dominicana, según reflejan constantemente los estudios de opinión. Ante este escenario, De los Santos expresó su preocupación por la facilidad con la que individuos con múltiples registros delictivos logran permanecer en las calles, calificando la situación como inaceptable.
Para enfrentar este desafío, el legislador destacó los esfuerzos realizados desde el Congreso Nacional, subrayando la importancia del nuevo Código Penal dominicano como una herramienta clave para combatir la criminalidad:
- El nuevo Código Penal endurece significativamente las penas contra los delincuentes reincidentes.
- Se busca frenar la impunidad que permite a personas con historial criminal seguir delinquiendo.
- El Estado reafirma su compromiso de mantener el control de la seguridad pública sin excederse en el uso de la fuerza letal.
De los Santos concluyó reiterando que, aunque es vital garantizar la paz social, las autoridades deben trabajar bajo el marco de la ley para asegurar que el sistema de justicia funcione correctamente frente a quienes desafían constantemente el orden público.
