Cámara de Diputados aprueba ley para fortalecer la protección fitosanitaria en el país
La Cámara de Diputados dio luz verde este martes, en segunda lectura, al proyecto de Ley de Protección Fitosanitaria. Esta iniciativa legislativa, impulsada por el diputado Adelso de Jesús Rubén Contreras, busca establecer un marco regulatorio robusto para la prevención, detección y control de plagas que amenacen los cultivos y recursos vegetales de la República Dominicana.
El proyecto, identificado con el número 05565-2024-2028-CD, tiene como objetivo principal blindar la producción agrícola nacional frente a patógenos externos, especialmente considerando los riesgos de introducción de enfermedades que ya afectan a socios comerciales del país.
Sanciones severas ante el uso indebido de químicos
Uno de los ejes centrales de esta pieza legislativa es la implementación de un régimen de consecuencias para mitigar los casos de intoxicación por fumigaciones inadecuadas, una problemática que ha afectado a estudiantes y comunidades cercanas a plantaciones agrícolas en años recientes.
- Faltas graves: El uso de plaguicidas, nutrientes o coadyuvantes sin seguir las normas técnicas, provocando daños a terceros o al medio ambiente, será sancionado con penas de hasta cinco años de prisión y multas de RD$5 millones, además de la indemnización a los afectados.
- Productos vencidos: La importación o venta de insumos agrícolas que hayan excedido su fecha de caducidad conlleva penas similares.
- Obstrucción a la autoridad: Impedir inspecciones oficiales en áreas de cultivo o agroservicios, así como ocultar información sobre plagas, será castigado con hasta dos años de prisión y multas de hasta RD$3 millones.
En países con los que la República Dominicana mantiene relaciones comerciales existen plagas que representan riesgos de introducción al territorio nacional.
Adelso de Jesús Rubén Contreras, proponente del proyecto.
Responsabilidad compartida en el sector agrícola
La nueva normativa subraya la responsabilidad de agricultores y silvicultores de colaborar estrechamente con las autoridades, notificando de manera oportuna el estado sanitario de sus terrenos. Con estas medidas, el Estado busca elevar los estándares de seguridad alimentaria y protección ambiental, evitando que el uso irresponsable de químicos continúe afectando la salud de la población, tal como ha ocurrido en incidentes previos en zonas escolares del país.
Tras su aprobación en la Cámara Baja, el proyecto de ley será remitido al Senado de la República para su estudio y posterior consideración.
