Aplazan por segunda vez medida de coerción contra implicados en el caso Fundación Restaurando Vida
El Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal ha determinado aplazar, por segunda ocasión, la audiencia de medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán, apodado como El Pastor, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez. Ambos son señalados por el Ministerio Público en relación con las operaciones de la entidad denominada Fundación Restaurando Vida, un Muerto que Revive.
El magistrado José Carlos Arias Nina fijó la continuación de este proceso judicial para el próximo martes 15 de septiembre. La decisión busca garantizar la presencia efectiva de las madres de los 14 menores involucrados, permitiendo que estas puedan acreditar formalmente su representación legal ante el tribunal.
Cuestionamientos legales y falta de transparencia
Tras la audiencia, el abogado David Ruiz, representante de las progenitoras, expresó su desacuerdo con la gestión del Ministerio Público. Según el jurista, se intentó avanzar en la medida cautelar sin que las familias estuvieran debidamente integradas en el expediente, lo que, a su juicio, vulnera sus derechos procesales.
El nuevo aplazamiento permitirá que las familias presenten la documentación requerida, formalicen su participación en el proceso y ejerzan los derechos que les corresponden.
David Ruiz, abogado de las progenitoras
Ruiz también lanzó fuertes críticas hacia el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el órgano acusador, señalando una supuesta falta de objetividad y asegurando que las madres no fueron escuchadas durante la fase investigativa. Por su parte, la defensa de los imputados, encabezada por Luis Carela y Manuel Soto Lara, se sumó a las críticas, argumentando que las investigaciones fueron apresuradas y que los testimonios de los familiares contradicen la narrativa presentada por las autoridades.
Acusaciones del Ministerio Público
El Ministerio Público mantiene su solicitud de tres meses de prisión preventiva para Capellán y Muñoz Rodríguez, la cual debería cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Los cargos presentados incluyen:
- Trata de personas.
- Maltrato físico y psicológico contra 14 menores de edad.
- Sometimiento de niños a trabajos forzados.
Irregularidades en la fundación
La investigación apunta a que la organización operaba en una iglesia ubicada en el sector El Carril, en el municipio de Bajos de Haina. Según las autoridades, el centro no contaba con la autorización necesaria para funcionar como hogar de acogida para menores, operando bajo condiciones que no cumplían con los protocolos legales establecidos para la protección de la niñez.
El caso sigue bajo la lupa del sistema judicial, y será el próximo 15 de septiembre cuando se retome la audiencia para evaluar las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa de los encartados.
