Justicia ratifica medidas de embargo por RD$500 millones contra empresarios del caso Jet Set
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha emitido un fallo contundente al confirmar las medidas de embargo conservatorio, retentivo e hipoteca judicial provisional por un valor de RD$500 millones sobre los bienes de los empresarios Antonio y Maribel Espaillat. Esta resolución se enmarca en el proceso judicial que investiga las responsabilidades tras el trágico desplome del techo de la discoteca Jet Set.
El tribunal, presidido por la magistrada Doris Josefina Pujols Ortiz y la jueza Daisy Indhira Montás Pimentel, desestimó el recurso de apelación interpuesto por los imputados, quienes buscaban revertir las restricciones patrimoniales impuestas sobre sus activos. Con esta decisión, la justicia mantiene vigente el blindaje económico dictado para asegurar las posibles indemnizaciones derivadas de la tragedia.
Detalles del proceso judicial
El caso Jet Set es recordado como una de las tragedias con mayor saldo de víctimas en la historia reciente del país, con un saldo de 236 personas fallecidas y más de 80 heridas. La continuación de este proceso busca esclarecer las causas y determinar las responsabilidades penales y civiles de los involucrados.
La ratificación de estas medidas cautelares por RD$500 millones reafirma el compromiso del sistema judicial con la protección de los derechos de las víctimas y la búsqueda de justicia en un caso de gran impacto social.
Consideraciones sobre el tribunal
Durante la deliberación en cámara de consejo, también estuvo presente el magistrado Rafael Báez García. No obstante, el documento final no contó con su firma debido a que el juez se encontraba en periodo de vacaciones al momento de la suscripción de la sentencia.
La defensa de los empresarios, compuesta por un equipo legal encabezado por Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez Núñez, Carlos Alberto Polanco Rodríguez, Bernardo Elías Almonte Checo y Francisco Moita Pacheco, no logró convencer a la Corte de Apelación sobre la necesidad de levantar los embargos, por lo que las medidas de carácter patrimonial permanecen inalterables mientras prosigue el juicio de fondo.
