Nuevo Código Penal establece penas de hasta 40 años para homicidios agravados en República Dominicana
La procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, resaltó los cambios fundamentales que introduce el nuevo Código Penal en la legislación dominicana. Durante el Encuentro Industrial organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la magistrada enfatizó que la normativa busca fortalecer la seguridad jurídica mediante una actualización integral de las sanciones penales.
Uno de los puntos clave expuestos por Reynoso es la reestructuración de las penas para los delitos de sangre. El homicidio simple, que anteriormente contemplaba una escala de 3 a 20 años, ahora tendrá una penalidad mínima de 5 años, manteniendo su tope en los 20 años de prisión.
Ampliación de las circunstancias agravantes
La legislación vigente ha transformado el concepto de homicidio agravado. Anteriormente, esta figura se limitaba mayormente a la premeditación o acechanza; sin embargo, el nuevo Código ha extendido significativamente este catálogo para proteger a sectores vulnerables de la sociedad.
- Homicidios cometidos contra menores de edad, mujeres embarazadas, ascendientes, descendientes o parientes cercanos.
- Crímenes contra personas en situación de vulnerabilidad por enfermedad, discapacidad o edad avanzada.
- Casos donde exista una orden de alejamiento vigente contra el agresor.
- Ataques dirigidos contra testigos, abogados, querellantes o actores civiles vinculados a procesos judiciales.
Ya no solo el homicidio es agravado por la premeditación o la acechanza. Se amplió bastante la casuística en la cual el homicidio es agravado.
Yeni Berenice Reynoso
Enfoque en la lucha contra el feminicidio
La magistrada hizo especial énfasis en la tipificación del feminicidio como una respuesta necesaria ante la violencia de género que afecta al país. De acuerdo con las cifras presentadas, en lo que va de 2026 se han registrado 62 feminicidios.
Reynoso advirtió que endurecer las penas no es la única solución. Según los datos del Ministerio Público, el 89 % de las víctimas mortales nunca presentó una denuncia previa, y un 25 % de los agresores se suicida tras cometer el hecho, lo que subraya la urgencia de implementar estrategias de prevención más efectivas y una intervención temprana del Estado.
Finalmente, la procuradora abordó otros aspectos relevantes de la normativa, como la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la importancia de garantizar el debido proceso en la implementación de esta nueva estructura legal en el ámbito empresarial y social.
