Tensión en el Tribunal Constitucional: Grupos provida y colectivos LGBTIQ+ chocan por el Código Penal
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se convirtió este miércoles en el escenario de una intensa jornada de manifestaciones, donde organizaciones de la sociedad civil y colectivos LGBTIQ+ presentaron posturas encontradas respecto a la acción de inconstitucionalidad que busca incluir la orientación sexual como una causa de discriminación en el artículo 173 del nuevo Código Penal.
La audiencia, centrada en la demanda interpuesta por la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo, ha generado una polarización social que se trasladó a las afueras de la alta corte.
Postura de las organizaciones provida
Representantes de sectores conservadores, incluyendo la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) y el Grupo Acción Cristiana, presentaron una intervención voluntaria para oponerse a la modificación. Argumentan que el Tribunal no debe añadir categorías a una norma penal que no fueron estipuladas originalmente por el legislador.
Consideramos innecesaria la inclusión de este término, ya que de por sí la Constitución defiende a todo ser humano, a toda persona.
Nathalie Tonos, activista del movimiento provida.Por su parte, Eva Piccini, otra de las voces presentes, enfatizó que su rechazo no es hacia las personas, sino hacia las implicaciones jurídicas que, a su juicio, tendría una interpretación expansiva del artículo, defendiendo la protección de la familia y la niñez como ejes centrales de su postura.
Argumentos de los colectivos LGBTIQ+
En la acera opuesta, más de 30 organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+ exigieron que la orientación sexual y la identidad de género sean reconocidas explícitamente en el Código Penal. Según los manifestantes, la omisión de estos términos crea un vacío legal que deja a esta población en una situación de vulnerabilidad y desigualdad jurídica.
Leonardo Sánchez, vocero de los grupos que solicitan la inclusión, señaló que la ambigüedad en las leyes actuales impide una protección efectiva.
Necesitamos que las leyes tengan de manera expresa la orientación sexual y la identidad de género dentro de sus dictámenes.
Leonardo Sánchez, vocero de los colectivos LGBTIQ+.El debate jurídico
- Postura conservadora: Sostienen que cualquier cambio debe provenir del Congreso Nacional y no mediante una interpretación judicial, citando principios de separación de poderes, legalidad y tipicidad penal.
- Postura pro-inclusión: Invocan el artículo 39 de la Constitución, que garantiza el derecho a la igualdad, argumentando que el Estado tiene el deber de proteger a todos los ciudadanos sin distinciones.
La decisión final queda ahora en manos del Tribunal Constitucional, cuya resolución marcará un precedente fundamental en el marco jurídico dominicano sobre la interpretación de los derechos humanos y la aplicación del Código Penal.
