Acción de inconstitucionalidad contra la DGII por suspensión del RNC
El periodista José Peguero y la abogada especialista en materia tributaria, Pablita Cabrera Martínez, han interpuesto una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El recurso busca impugnar el artículo 24 de la Norma General número 04-2021 sobre el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), modificado posteriormente por la Norma General número 04-2023, emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La controversia se centra en la figura del «Estado Suspendido», un mecanismo utilizado por la administración tributaria para inhabilitar el RNC de aquellos contribuyentes que omiten la presentación de declaraciones o el cumplimiento de sus pagos en los plazos establecidos. Según los accionantes, esta medida conlleva efectos restrictivos que comprometen la operatividad económica y administrativa tanto de personas físicas como jurídicas.
Argumentos legales y principios vulnerados
Los solicitantes argumentan que la disposición cuestionada contraviene pilares fundamentales del ordenamiento jurídico dominicano. Entre los principios señalados como vulnerados se encuentran:
- La supremacía constitucional y la jerarquía normativa.
- La reserva de ley y el principio de legalidad.
- El derecho a la libertad de empresa.
- El debido proceso y la proporcionalidad en la administración pública.
- Los principios rectores del régimen tributario.
La suspensión del Registro Nacional de Contribuyentes constituye una medida innecesaria y desproporcionada que limita el desarrollo normal de las actividades económicas, existiendo ya mecanismos legales suficientes para la fiscalización y el cobro de créditos fiscales.
José Peguero y Pablita Cabrera Martínez
Impacto en la actividad económica
De acuerdo con la instancia depositada, el bloqueo del RNC impide a los contribuyentes realizar trámites esenciales ante la DGII y limita el uso regular de los comprobantes fiscales, herramientas indispensables para el ejercicio comercial. Los accionantes sostienen que, aunque la autoridad tributaria posee facultades para gestionar obligaciones, estas no deben traducirse en restricciones que carezcan de una base legal robusta o que ignoren los criterios de razonabilidad establecidos por el Tribunal Constitucional en precedentes anteriores.
Ante esta situación, Peguero y Cabrera Martínez solicitan formalmente al Tribunal Constitucional que declare la norma no conforme con la Carta Magna, buscando su nulidad y expulsión del ordenamiento jurídico. Este caso abre nuevamente el debate sobre los límites de la administración tributaria y hasta dónde puede llegar la regulación de los contribuyentes sin afectar el libre ejercicio de la actividad empresarial en el país.
