El comercio ilícito en República Dominicana: Un desafío que evoluciona más allá del contrabando tradicional
El panorama del comercio ilícito en la República Dominicana ha experimentado una transformación significativa. Según el abogado y especialista en regulación comercial, César Dmitri Roa Castillo, este flagelo ya no se limita exclusivamente a prácticas como el contrabando, la falsificación de marcas, la adulteración de bebidas o el tráfico de cigarrillos y fármacos. Actualmente, el problema ha adoptado formas más complejas que exigen una mirada integral por parte de las autoridades.
Roa Castillo advierte que, en muchos casos, el producto comercializado puede ser totalmente legítimo, pero la operación detrás de su venta presenta irregularidades críticas. Entre estas, destaca la subvaluación de mercancías en aduanas, la evasión de impuestos, el incumplimiento de normativas laborales o la falta de registros contables adecuados.
La necesidad de un enfoque integral
Para el experto, el error radica en analizar las infracciones de manera aislada. Si bien cada irregularidad —ya sea aduanera, tributaria o laboral— recae sobre instituciones distintas, el hecho económico constituye una sola operación comercial. Por ello, propone que el Estado observe el conjunto de la actividad empresarial para identificar patrones de comportamiento ilícito de manera más eficiente.
Una subvaluación es un asunto aduanero, una venta no declarada corresponde a la administración tributaria, una irregularidad laboral o migratoria tiene sus propias autoridades; sin embargo, la empresa es una sola y su operación económica también.
César Dmitri Roa Castillo
Impacto económico y fiscal
La globalización y el auge del comercio electrónico han facilitado el intercambio de bienes, pero también han abierto brechas para nuevas modalidades de comercio ilegal. A nivel global, la OCDE estima que el mercado de productos falsificados mueve unos 467,000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 2.3 % de las importaciones mundiales.
En el contexto local, los datos resultan alarmantes. Durante el año 2025, la Dirección General de Aduanas detectó diferencias impositivas por un valor de RD$1,592 millones tras realizar 49 auditorías en sectores específicos. De igual manera, la Dirección General de Impuestos Internos ha reportado investigaciones sobre omisiones en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el ITBIS, además de ventas no declaradas procesadas a través de tarjetas de crédito.
Eficiencia vs. Ilegalidad
Roa Castillo enfatiza que no se debe estigmatizar a las empresas que ofrecen precios competitivos. La eficiencia logística, el alto volumen de compra o la reducción de intermediarios son prácticas de mercado legítimas que benefician al consumidor.
El punto de quiebre, subraya el especialista, ocurre cuando la ventaja competitiva no nace de la optimización de procesos, sino de la evasión de impuestos, la subvaluación de mercancías o la vulneración de los derechos de los trabajadores. «Cuando incumplir se convierte en una ventaja competitiva, lo que comienza a estar en riesgo es la integridad del mercado», concluye.
Hacia una mejor coordinación institucional
El experto aboga por una mayor articulación entre organismos como Aduanas, Impuestos Internos, el Ministerio de Trabajo, Migración y Pro Consumidor. El objetivo es compartir información estratégica que permita distinguir a las empresas que operan bajo el marco de la ley de aquellas que utilizan el incumplimiento reiterado como parte de su modelo de negocio.
Finalmente, Roa Castillo sostiene que el capital, independientemente de su origen, debe someterse a las mismas reglas de juego, garantizando así la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo sostenible de la nación.
