Senado aprueba ley para prohibir importación de productos fabricados con trabajo forzoso
En una sesión celebrada en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel, el Senado de la República aprobó de manera unánime el proyecto de ley que prohíbe la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso. La pieza legislativa, propuesta por el senador Félix Bautista, busca fortalecer los estándares laborales del país y optimizar la competitividad de las exportaciones dominicanas.
La nueva normativa establece un marco regulatorio estricto para prevenir, identificar y bloquear el ingreso al mercado nacional de productos que hayan sido extraídos, procesados o fabricados, total o parcialmente, bajo condiciones de servidumbre o coacción. Esta medida se alinea con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Impacto económico y competitividad internacional
Uno de los objetivos estratégicos de esta legislación es mejorar la posición de la República Dominicana ante el mercado de los Estados Unidos. Anteriormente, la falta de una ley específica sobre esta materia penalizaba a los exportadores locales con un arancel adicional del 2.5 %.
La implementación de esta ley permitirá al Gobierno gestionar la eliminación de ese sobrecosto arancelario, lo que se traduce en un ahorro estimado de 180 millones de dólares anuales para el sector exportador dominicano.
Alofoke DeportesDefinición y aplicación de la normativa
La ley define el trabajo forzoso como cualquier labor exigida bajo amenazas, castigos o sin el consentimiento voluntario del trabajador. Para detectar estas prácticas, la normativa detalla indicadores específicos, entre los cuales destacan:
- Restricción de movimiento y aislamiento.
- Retención de documentos de identidad o salarios.
- Servidumbre por deudas y condiciones laborales abusivas.
- Intimidación, violencia física o sexual.
- Abuso de vulnerabilidad y engaño.
La ejecución de esta política pública será supervisada por una comisión interinstitucional integrada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Aduanas. Estas entidades serán las encargadas de definir los protocolos técnicos mediante el reglamento de aplicación correspondiente.
