Exigen profundizar investigaciones en el caso SeNaSa 2.0 para deslindar responsabilidades
El caso SeNaSa 2.0 continúa generando reacciones en diversos sectores de la sociedad dominicana. Representantes de la sociedad civil y el gremio jurídico han coincidido en la necesidad de que el Ministerio Público amplíe las indagatorias para esclarecer el alcance total de este proceso y determinar si existen otros implicados, tanto en el ámbito público como en el privado.
Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, enfatizó que más allá de las acusaciones por supuesta corrupción administrativa, es imperativo investigar las irregularidades que habrían afectado directamente a los ciudadanos. Según Blanco García, el impacto en el acceso a los servicios de salud representa una vulneración a la dignidad humana que no puede ser ignorada.
Que se le negó servicio a personas, estamos hablando de que la dignidad de la salud también se denegó.
Leidy Blanco García, Participación Ciudadana
Llamado a la transparencia y sin impunidad
Desde la óptica de la transparencia, la representante de Participación Ciudadana subrayó que corresponde a las autoridades judiciales analizar las evidencias recolectadas para establecer las sanciones pertinentes. Blanco García fue enfática al señalar que el proceso judicial debe desarrollarse con total rigor, evitando cualquier sombra de impunidad que pueda comprometer la confianza en el sistema de justicia.
Por su parte, Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), respaldó la continuidad de las investigaciones y sugirió que, de ser necesario, el caso debe extenderse mediante nuevas fases si las pruebas así lo requieren.
Deberán haber tantos SeNaSa como sea necesario: el 3, el 4, el 5, todas las denominaciones o números que se le quieran poner.
Trajano Vidal Potentini, presidente del CARD
Detalles sobre el alcance económico del caso
El presidente del CARD calificó el expediente SeNaSa 2.0 como un asunto de alto impacto nacional que requiere llegar hasta las últimas consecuencias. En cuanto al aspecto financiero, Potentini mencionó que las estimaciones preliminares sobre los recursos presuntamente afectados rondan los 40 millones de pesos, cifra que deberá ser confirmada y precisada conforme avance la instrucción del proceso por parte de las autoridades competentes.
Ambas figuras coinciden en que la ciudadanía espera resultados contundentes que garanticen la protección de los fondos públicos y el correcto funcionamiento de las instituciones de salud del país.
