Becarios dominicanos deberán retornar al país o reembolsar fondos estatales

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Cámara de Diputados aprueba proyecto que exige retorno a becarios del Estado

La Cámara de Diputados de la República Dominicana dio luz verde este miércoles, en segunda lectura, a una iniciativa legislativa que introduce nuevas condiciones para los ciudadanos beneficiados con becas financiadas por el Estado. El proyecto, impulsado por el diputado José Caraballo, tiene como objetivo principal la creación del Sistema Nacional de Becas para optimizar el acceso a la educación superior y técnica.

Compromiso de retorno y reciprocidad social

Uno de los puntos más relevantes de esta normativa es la obligatoriedad para aquellos estudiantes que cursen programas académicos en el extranjero con fondos públicos. La propuesta establece que, al finalizar su formación, los beneficiarios deberán retornar al país y ejercer su profesión en territorio dominicano por un lapso de dos a cinco años. Esta medida busca asegurar que los conocimientos adquiridos en el exterior se traduzcan en un beneficio directo para el desarrollo nacional.

La iniciativa se fundamenta en el principio de reciprocidad social, considerando que el Estado realiza una inversión significativa con recursos públicos para elevar el capital humano de la nación.

En caso de que el graduado decida no regresar al país, el proyecto contempla la posibilidad de que este deba reembolsar, de manera parcial o total, el capital invertido por el Gobierno durante su proceso de estudios.

Responsabilidades y sanciones ante el incumplimiento

La ley no solo se enfoca en el retorno, sino también en el desempeño y la transparencia de los becarios. Entre las obligaciones destacan:

  • Mantener un rendimiento académico sobresaliente.
  • Actualizar de forma constante los datos requeridos por las autoridades.
  • Destinar los fondos exclusivamente a los fines educativos establecidos.

El incumplimiento de estas normas podría derivar en sanciones que van desde suspensiones temporales de los desembolsos hasta la inhabilitación para futuras convocatorias. Asimismo, la normativa es tajante frente a posibles irregularidades o actos de fraude, como la falsificación de documentos o el uso indebido de los recursos. En estos escenarios, las consecuencias incluyen la cancelación definitiva de la beca, la devolución total del dinero y una inhabilitación de hasta una década, además de la remisión del caso al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes.

Siguientes pasos en el proceso legislativo

Tras su aprobación en la Cámara Baja, el proyecto de ley deberá ser sometido a dos discusiones en el Senado de la República. De obtener el visto bueno en la cámara alta, la pieza será enviada al Poder Ejecutivo, donde el presidente Luis Abinader tendrá la facultad de promulgarla o presentar las observaciones que considere pertinentes.

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