República Dominicana escala al Nivel 2 en el informe global sobre trata de personas
La República Dominicana ha logrado un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado al ascender al Nivel 2 en el más reciente informe sobre trata de personas. Este reconocimiento subraya el fortalecimiento de las políticas públicas, las reformas legislativas y la mayor eficacia en las investigaciones judiciales que el Estado dominicano ha implementado para erradicar esta problemática.
Reformas legales y compromiso institucional
El eje central de este progreso ha sido la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Con este ajuste, se eliminó la necesidad de probar el uso de fuerza, fraude o coacción cuando el delito involucra a menores de edad, alineando la normativa local con los estándares internacionales más estrictos en materia de explotación sexual infantil.
Además, el Gobierno ha puesto en marcha estrategias clave para blindar el sistema:
- Implementación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028.
- Adopción de la Resolución 13-2024 para la identificación de personas apátridas.
- Aplicación rigurosa del Código de Protección de la Infancia, que impone penas de hasta 30 años de prisión para quienes exploten a menores de edad.
Avances en la persecución penal y supervisión laboral
En el frente judicial, las autoridades han intensificado su labor con la apertura de 229 investigaciones y el procesamiento de 50 sospechosos. Un aspecto destacado del informe es el compromiso con la transparencia interna: se han iniciado procesos contra ocho funcionarios públicos, incluyendo miembros de organismos de seguridad, por presunta complicidad en estas redes delictivas.
El Estado dominicano mantiene una postura firme contra la impunidad, priorizando la persecución de cualquier servidor público que vulnere la integridad de las víctimas o facilite estos delitos.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo ha reforzado la vigilancia en sectores estratégicos como la agricultura, la construcción y la industria azucarera. Tras realizar más de 1,050 inspecciones, se logró la suspensión de 11 empresas por detectar indicios de trabajo forzoso y se formalizó la situación laboral de más de 7,400 trabajadores, garantizando sus derechos y libertad de movimiento.
Protección y asistencia integral a las víctimas
El enfoque humanitario ha sido fundamental en esta gestión. Durante el último periodo, se identificaron 136 víctimas, de las cuales 134 recibieron asistencia integral. Este apoyo, coordinado por la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el CONANI, incluye servicios médicos, respaldo psicológico, asesoría legal y un sistema de refugios especializados que garantizan la seguridad de los afectados durante los procesos judiciales.
